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Desde 2009, doce comunidades autónomas han aprobado leyes trans y LGTBIQA+, y la mayoría recoge entre sus principios la autodeterminación de la identidad sexual. La primera ley autonómica que lo incluye en España fue aprobada por el Gobierno del PSOE e IU en Andalucía en 2014. El argumentario transexcluyente de una parte del PSOE ha puesto en alerta a colectivos trans, que anuncian movilizaciones.

Fuente (editada): EL SALTO | Patricia Reguero | 22 JUN 2020

La Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía hace nueve alusiones a la “autodeterminación sexual” y reconoce expresamente en el artículo 1 del capítulo 1 este derecho: “La presente Ley tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer”. Organizaciones trans destacan esta ley como una de las más avanzadas en materia de derechos de las personas trans. El texto, vigente desde 2014, salió adelante por unanimidad del Parlamento de Andalucía con un Gobierno de PSOE e IU. La Ley de igualdad LGTB andaluza, de 2017, también incluye este derecho.

Hasta doce comunidades autónomas han probado desde 2009 leyes autonómicas que recogen derechos del colectivo LGTBIQA+ o específicos de las personas trans. Algunas de estas leyes recogen expresamente el “derecho a la autodeterminación sexual”, como hace la ley andaluza.

La Ley de igualdad de las personas LGTBI de la Comunitat Valenciana, vigente desde 2018, incluye en el apartado de derechos el “reconocimiento del derecho a la propia personalidad” y especifica que este incluye “el derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su sexualidad, incluyendo cuerpo, sexo, género, orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Estas características son esenciales para la personalidad de cada persona y constituyen uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, dignidad y libertad”. En el mismo sentido se pronuncia la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana o Ley Trans de esta comunidad, de 2017.

En Navarra, la Ley para la igualdad de las personas LGTBI+, de 2017, también incluye en su apartado de principios y derechos la autodeterminación de la identidad sexual.

Con fórmulas similares, otras siete comunidades autónomas recogen la autodeterminación sexual entre los principios de diferentes leyes. Son las de Aragón (en dos leyes, una Ley LGTB y una Ley Trans, ambas de 2018), Madrid (también en una Ley LGTB y una Ley específica trans, ambas de 2016), Illes Balears (en su ley de 2016), Extremadura (en su ley de 2015), Murcia (en su ley de 2016), y también en Euskadi, tras la modificación del artículo 3 de su Ley trans de 2012.

Es decir, un total de trece leyes en nueve comunidades autónomas ya recogen la autodeterminación de la identidad sexual. De las doce comunidades que tienen leyes LGTBIQ+ o leyes trans, nueve recogen este derecho. En Canarias, cuya ley LGTB no lo recoge, el Parlamento debatiría el pasado martes 30 de junio una ley que sí lo hace, pero la han vetado. Este texto, de aprobarse, sustituiría a la Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, de 2014, que los colectivos consideran desfasada por ser anterior a la despatologización de la transexualidad por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sobre el resto de territorios, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla La Mancha y Castilla León no tienen, por el momento, leyes trans y solo las de Galicia y Catalunya no aluden a la autoderminación sexual.

La autodeterminación de la identidad sexual no es, pues, un concepto nuevo, sino que este derecho es una contraparte de la despatologización de las identidades trans que se produjo cuando la OMS, en 2018, eliminó la transexualidad del capítulo de trastornos de su manual, que sirve de referencia en el ámbito de la salud.

Esto tiene una consecuencia lógica: si las identidades trans no son una enfermedad, estas identidades son igual de válidas que las identidades cis y, por lo tanto, tienen que ser tratadas en un plano de igualdad. El principio de autodeterminación no es otra cosa que asumir que una persona exprese sin ninguna tutela externa lo que hay es su propio foro interno.

La autodeterminación de la identidad sexual puede ser un principio y puede ser un derecho. Algunas de estas leyes, pese a que lo recogen en sus principios, flaquean luego en el desarrollo como derecho, lo que supone una diferencia de trato a las personas trans entre las diferentes comunidades. En la práctica, la autodeterminación es el reconocimiento por parte de los poderes públicos de la identidad sexual manifestada sin necesidad de pruebas médicas, psicológicas o de ningún otro tipo.

Esta es una lucha en la que los colectivos trans llevan muchísimo tiempo y no es ninguna novedad. Los Principios de Yogyakarta —un documento que recoge recomendaciones sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos con relación a la orientación y la identidad sexual— que la ONU utiliza para fijar los derechos LGTBIQA+ reconoce ya la autodeterminación sexual. Y no hay que olvidar que el PSOE ha apoyado estas leyes autonómicas que reconocen la autodeteminación.

El PSOE, ¿contra el borrado de quién?

El documento interno del PSOE titulado “Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres” y que algunas militantes compartieron en redes hace unos días encendió a unos colectivos trans que hace un año ya vieron cómo algunas feministas socialistas aireaban su discurso transexcluyente en la Escuela Feminista Rosario de Acuña —donde se dijo entre risas que “las activistas trans son tíos, y digo tíos porque son tíos”—.

Esta vez, el argumentario lo recogía por escrito un documento sellado por el PSOE. El escrito recoge algunos tópicos de un feminismo que dice querer frenar lo que considera un “borrado de las mujeres”, borrado que supuestamente produce la inclusión de las mujeres trans y la lucha por sus derechos en el feminismo. Entre sus conclusiones, recoge que “la teoría queer desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, y los logros del movimiento feminista”.

Este posicionamiento, que choca con el del Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero, de Unidas Podemos, se produce ante lo que parecía un inminente rescate de dos leyes que quedaron aparcadas, primero por el adelanto electoral y luego por la crisis del coronavirus: la Ley de Igualdad LGTBI y la Ley Trans —que promueve la Plataforma Trans—. Desgraciamente, el Ministerio de Igualdad ha agachado la cabeza y ha admitido a los colectivos trans que no va a sacar la Ley Trans en mucho tiempo, que tal vez más adelante si cambia la situación. Lo que hace dudar seriamente de que en la Ley LGTBI se contemple la autodeterminación de la identidad sexual para las personas trans, y mucho más porque para su elaboración no se ha contado con los colectivos trans.

“La primera paliza que me dio mi padre fue por comportarme como una niña, no por leer la teoría queer”, ironiza Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, que ha impulsado la segunda de esas leyes. Cambrollé ve en el documento del PSOE un intento de crear confusión, como ocurrió, dice, con el matrimonio igualitario. “Con este tema, la Iglesia sacó miles de personas a la calle y 15 años después de aprobarse no se ha destruido ninguna familia”, explica. Sin embargo, esta vez ese rugir no viene de partidos conservadores, sino de un PSOE que en su programa electoral y también en el de Gobierno se comprometió a garantizar los derechos de las personas trans.

Orgullo sin transfobia

Activistas por los derechos LGTBQI+ promueven un manifiesto donde piden que se expulse al PSOE del Orgullo si no rectifica sus actitudes tránsfofas. Este documento recuerda que el orgullo comercial madrileño (MADO, integrado por FELGTB, COGAM y empresarios de AEGAL) ha expulsado en el pasado a PP o Ciudadanos por sus políticas LGTBfóbicas por lo que sería “coherente”, argumentan, expulsar ahora al PSOE. 

“Estamos esperando a que el PSOE se pronuncie y que conteste a la carta que hemos enviado y que apoyan 260 organizaciones de todo tipo”, dice cuando se le objeta que el documento refleja, por el momento, un posicionamiento interno que se corresponde con las ideas de un sector del feminismo. Entre las referencias que más le duelen, dice, está la mención a la “ficción de hembra”: “Es espeluznante y recuerda a tiempos franquistas; muchas activistas no vamos a permitir que las nuevas generaciones de personas trans pasen otra vez por eso”.

El documento al que se refiere Cambrollé hace tres peticiones al partido de Pedro Sánchez: una rectificación pública, apoyo al trámite de la Ley Trans estatal y una reunión presencial con colectivos. De momento, el PSOE no ha rectificado ni ha respondido a ninguna de las otras dos peticiones.

Sobre la autodeterminación sexual, el escrito recoge que el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género ha adquirido rango de Derecho Humano fundamental, reconocido tanto por el Consejo de Europa en distintas directivas a sus Estados Miembros, por la ONU y es conocido como un derecho blindado jurídicamente en países como, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Noruega.

Cambrollé —que también es presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) que promovió la Ley Trans andaluza— insiste en que este concepto no es nuevo y no solo queda ya recogido en algunas leyes autonómicas sino que legislaciones que no lo contemplaban, como la navarra y la vasca, han sido actualizadas para hacerlo.

Concentración

Confluencia Trans, movimiento surgido a raíz del documento interno del PSOE, que agrupa a más de 200 colectivos firmantes de la carta que pide al PSOE una respuesta ante el documento de una parte de sus militantes, ha convocado a una concentración el 4 de julio a las 18h en la Puerta del Sol.

“El principio de autodeterminación sexual convierte a las personas trans en sujetos de derecho, porque a día de hoy somos objeto pero no sujeto”, dice Cambrollé en referencia a la Ley 3/2007 de rectificación del sexo en el registro, que permite cambiar la mención a al sexo en el DNI tras un proceso médico.

Sobre la supuesta “inseguridad jurídica” que según mantiene el documento interno del PSOE se produciría con el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de la identidad sexual, Mar Cambrollé dice que “para inseguridad jurídica, la de las personas trans” que piden tener derecho al trabajo, a la salud o a practicar deporte, es decir, “una equiparación en derechos, no privilegios”.

Toda ley puede ser utilizada de forma espúrea, para eso está el artículo 6.4 del Código Civil que establece el principio de ‘fraude de ley’. Un ejemplo: el hecho de que el matrimonio pueda utilizarse para burlar la Ley de Extranjería no implica que deba prohibirse el matrimonio. Porque el ordenamiento jurídico tiene medios más que suficientes para detectar el fraude de ley y combatirlo. Además, honestamente, nadie se declara una persona trans si no lo es, porque están sometidas a unos niveles de exclusión y de violencia enormes: la idea de que de la noche a la mañana todos los hombres machistas van a inundar los registros civiles para cambiarse de sexo no tiene mucho fundamento.