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Confluencia Trans, una plataforma integrada por treinta colectivos de personas trans y sus familias pide con una concentración este sábado una ley estatal que garantice la autodeterminación de la identidad sexual.

Fuente (editada): EL SALTO | Patricia Reguero | 3 JUL 2020

“Mi hijo ha cumplido 18 años y lleva toda su vida pendiente de tribunales, de autorizaciones para que le dejen vivir… y ya no te cuento las vivencias de violencia que llevan acumuladas las personas trans adultas, muchas veces violencias que se producen desde las instituciones”, explica Natalia Aventín, presidenta de Euforia Familias Trans Aliadas y madre de Patrick, el chico cuyo caso ha sentado jurisprudencia sobre el cambio de sexo en el registro y en el DNI de las personas menores.

En marzo de este año y cuando Patrick estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, la Audiencia Provincial de Huesca acordó el cambio de la inscripción de este chico después de que en julio de 2019 el Tribunal Constitucional estableciera que la ley vulneraba los derechos fundamentales de las personas menores al no permitirles este cambio, y reconoce la posibilidad de instar el cambio si son “suficientemente madures” y están en una “situación estable de transexualidad”. Tras este fallo, el Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia de Huesca que revisara su caso y la sentencia llegó a comienzos de marzo.

Euforia Familias Trans Aliadas es una de las treinta organizaciones que forman parte de la Confluencia Trans, que ha convocado una concentración este sábado 4 de julio, a las 18h. en la Puerta del Sol de Madrid. La Confluencia fue constituida hace unas semanas con un solo objetivo: presionar para que se apruebe una Ley Trans estatal. Una propuesta que, de hecho, no es nueva. El 23 de febrero de 2018 y tras dos años de trabajo, Podemos registró una propuesta de texto elaborada por la Federación Plataforma Trans, propuesta que la convocatoria de elecciones generales dejó en suspenso.

Pese a que el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos incluye aprobar una Ley Trans, el documento interno del PSOE “Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres”, difundido en redes por algunas militantes el 10 de junio, ha puesto en alerta a los colectivos de personas trans, a quienes no tranquiliza que el PSOE no haya hecho aclaraciones sobre los argumentos de este documento. Tampoco ha tranquilizado a los colectivos de la Confluencia Trans la moción aprobada por el PSOE con motivo del Orgullo LGTBIQA+ de este año, donde piden “la aprobación de la Ley LGTBI que recoja las reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley Trans (tal y como lo recoge el programa electoral del PSOE), así como una normativa específica contra Delitos de Odio”.

“Creo que hay dos PSOE”, dice Aventín: “Uno se ha partido la cara y ha conseguido que en varias comunidades autónomas, incluída la de Aragón, se aprobaran leyes para las personas trans; el otro es el que difunde este discurso que yo no puedo llamar feminista porque el feminismo no puede defender solo la igualdad de algunos hombres con algunas mujeres”. La ley aragonesa fue propuesta por el PSOE y aprobada por unanimidad y es una del total de trece leyes en nueve comunidades autónomas que incluye la “autodeterminación sexual”.

Aventín asegura que el argumentario interno del PSOE, que se muestra “en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos” alinea la postura de sus firmantes con las de figuras de la ultraderecha como Donald Trump o Jair Bolsonaro.

La conclusión del documento es que el “derecho a la libre determinación de la identidad sexual o derecho a la autodeterminación sexual carece de racionalidad jurídica”. Además atribuye al “activismo queer” una confusión interesada de los los términos identidad sexual e identidad de género, algo que, siguen “desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y los logros del movimiento feminista”. Pese a que el documento expresa un supuesto compromiso con los derechos de las personas trans, este cuestionamiento ha caído como un jarro de agua fría entre los colectivos de personas trans.

“Ahora mismo absolutamente todos los derechos que necesita el colectivo parten de la autodeterminación de la identidad sexual, que no es otra cosa que el hecho de que se nos deje de declarar enfermas mentales por ser trans”, explica Daniela Ferrández, presidenta del colectivo gallego Amizando, que también forma parte de la Confluencia Trans. “Cuando a un colectivo, a golpe de ley, le estableces que necesita ir a un equipo psicológico o médico para ser quién es, se está trasladando al resto de ámbitos —educativo, laboral— que nos consideran menores de edad”, dice.

Al contrario de lo que ocurre en Aragón, en Galiza no existe una ley que reconozca la autodeterminación sexual. Esto, dice Ferrández, supone en la práctica que cuando una persona se reconoce a sí misma como trans encuentre ante sí todo tipo de obstáculos y resistencia. Así, por ejemplo, “vemos consultas psicológicas donde si eres una mujer y no te gusta llevar faldas o si eres un hombre y no te gustan las mujeres, te van a cuestionar”. Además, existen personas que prefieren no hormonarse, algo que hoy es preceptivo hacer durante al menos dos años para pedir un cambio en el registro.

Sobre la teoría queer a la que el PSOE señala, Ferrández explica que no la ha conocido hasta hace unas semanas. “Yo acabé mi tesis en Historia Contemporánea justo antes del confinamiento, y después de eso leí sobre teoría queer; hasta ese momento yo lo que he leído en mi vida ha sido sobre caciquismo, clientelismo político y el Estado español en la época de la Restauración; lo que conozco del colectivo es lo que vivo y lo que comparto con mis compañeres”.

Pese que el documento del PSOE es, en principio, un posicionamiento interno, Ferrández cree que se ha creado ya un ambiente propicio para cuestionar a las personas trans. “Estoy nerviosa porque les compañeres trans que estamos en la lucha desde hace un tiempo estamos empezando a sufrir los embates de estos debates que nos convierten en conceptos en nuestras propias carnes”, dice tras haber sabido hace poco que ya no figuraba entre las ponentes de un evento sobre derechos de las personas trans organizado por un ayuntamiento en el gobierna el PSOE.

Consultas para la Ley LGTBI, mesa de trabajo para la Ley Trans

“Lo único que nos vale es que nos digan una fecha para que empiece a tramitarse la ley”, explica la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé. “Venimos escuchando la misma canción 42 años mientras tenemos que soportar, como indican múltiples estudios, que somos las personas más maltratadas del colectivo LGTBIQA+”.

Cambrollé interpreta como una excusa el argumento de la supuesta inseguridad jurídica que esgrimen en el documento del PSOE. Porque, recuerda, existen en este momento varias leyes autonómicas que ya han superado el filtro jurídico. La primera de ellas, la andaluza, fue propuesta por PSOE e IU, y su aprobación tuvo mucho que ver con la Asociación de Transexuales de Andalucía de la que Cambrollé también forma parte.

“La ley no difiere en nada de los marcos jurídicos que marcan las directivas europeas, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Convención Internacional del Menor, la Carta de Derechos Internacionales o los Principios de Yogyakarta”, dice.

Cambrollé no está solo preocupada por la actitud del PSOE. Después de que el 29 de junio la Confluencia Trans se reuniera con la Ministra de igualdad, Irene Montero, y la Directora General de Diversidades Sexuales y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo, el compromiso del ministerio que dirige Unidad Podemos de crear una mesa de trabajo en la que consensuar el texto del proyecto de ley se queda corto para la presidenta de la Plataforma Trans. Este compromiso, argumenta, está fuera de lugar cuando la Ley ya está trabajada y, de hecho, fue presentada en 2018 por el mismo partido que hoy controla el Ministerio de Igualdad.

Cambrollé recuerda que la ley andaluza salió adelante después de una amenaza de huelga de hambre desde su colectivo. Esta vez, dice, si se llega a ese extremo, serán muchas madres las que están dispuestas a acompañarlas. Porque si algo ha cambiado desde 2014, dice, es la fuerza de estos colectivos. “Hasta ahora las personas trans hemos tenido la representación a través de los colectivos LGTB, que de una manera paradójica han invisibilizado y postergado los derechos de las personas trans; pero ahora han aparecido asociaciones de familias y el colectivo trans se ha organizado, las personas trans estamos más unidas que nunca”.

“La verdad está en la mesa y es que las personas menores siguen con inseguridad a la hora del cambio legal de nombre, con una desatención sanitaria sobre sus necesidades, con un problema en los centros educativos; a las personas adultas nos golpea el problema de la exclusión laboral y las más mayores están desatendidas y desprotegidas… esta es la verdad”, dice Cambrollé, que lamenta que en los días en torno al 28 de junio, con la celebración del Orgullo, todo el mundo reconoce que tiene una deuda con la T del colectivo, pero nadie empieza a repararla: “Pues es el momento de la reparación y de dar prioridad a los derechos de las personas trans”.