Los desencuentros entre PSOE y UP, partidos que conforman el Gobierno español, bloquean la conocida como “Ley Trans”, llevando a la comunidad trans a un callejón sin salida.

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Los colectivos trans piden a los grupos políticos que facilitaron el Gobierno de Coalición con sus votos, que registren la Ley en el Congreso para que pueda ser debatida.

Los programas electorales de PSOE y UP coincidían en el compromiso de presentar una Ley Integral que reconociera los derechos de las personas Trans, por ello no fue de extrañar que esta Ley fuera uno de los puntos que recogía el acuerdo programático de Gobierno y que el presidente Pedro Sánchez, así lo anunciara en el debate de su investidura en el Congreso de los Diputados.

En los últimos años España ha vivido una apertura hacia el colectivo trans sin precedentes, en gran parte por el surgimiento de asociaciones específicas trans, más allá de las organizaciones LGBTI tradicionales, y también por la aparición de asociaciones de familias que representan a la infancia y juventud trans, que han realizado un gran trabajo de sensibilización e información.

El trabajo de los colectivos ha sido imprescindible para que, ante una consulta pública realizada por el Ministerio de Igualdad preguntando por la idoneidad de legislar para la igualdad plena de las personas trans, participaran más de sesenta mil personas y el 96% de las aportaciones fueran favorables a la Ley. También ha influido en los resultados del último Eurobarómetro, encuesta publicada por La Comisión Europea respecto a los derechos y aceptación social de las personas LGTBI, donde España lidera, con un 83% de respuestas favorables, la opinión de que se debe facilitar reconocimiento legal de la identidad de las personas trans, Así mismo, la población encuestada también está a favor del reconocimiento legal de las personas no binarias.

En julio de 2020 una multitudinaria manifestación en la madrileña Puerta del Sol, representaba el descontento del colectivo trans ante los injustificables retrasos en el registro del proyecto de ley de un texto que ya había sido trabajado por los colectivos y los partidos políticos. Tras meses de reuniones con el Ministerio de Igualdad con el propósito de elaborar un nuevo texto, el socio mayoritario del Gobierno, representado en la Vicepresidenta Carmen Calvo, que mantiene posiciones trans excluyentes, está impidiendo que el texto de ley inicie su trámite en el Consejo de Ministros, bloqueando de manera reiterada la posibilidad de que las personas trans vean definitivamente reconocidos sus derechos.

Esta situación ha llevado a la desesperación de las personas trans y sus familias, que ven cómo sus legítimas reivindicaciones son usadas por sus representantes como un elemento de confrontación. Por ello han decidido convocar una huelga de hambre indefinida en la que participan alrededor de un centenar de personas, entre activistas, madres y familiares de personas trans e incluso personas aliadas del colectivo.

Debido al bloqueo y la falta de voluntad política del PSOE (socio mayoritario del Gobierno), solicitan que, Unidas Podemos junto al bloque de la investidura, hagan un registro conjunto del texto de ley trans como una Proposición de Ley, para que esta llegue al pleno del Congreso para su debate y tramitación, hecho que dará por finalizada la huelga de hambre.