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Los detalles de la propuesta y un panorama sobre la situación en el marco de la implementación de la ley trans.

Fuente (editada): la diaria FEMINISMOS | Stephanie Demirdjian | 10 de febrero de 2020

A partir del 2 de marzo, y durante seis meses, jóvenes trans de 18 a 29 años tendrán la posibilidad de participar en un curso de formación laboral en dos áreas específicas: gastronomía y manejo de redes sociales. El objetivo es brindarles capacitación y herramientas para el trabajo pero, además, darles un estímulo para que puedan pensar en el corto, mediano o largo plazo su propio proyecto de vida.

La frecuencia semanal de los talleres irá en ascenso de manera progresiva: en principio habrá dos instancias por semana y durante los últimos dos meses irá de lunes a viernes. El lugar físico será Enlace, el espacio de coworking de la Intendencia de Montevideo (IM). Quienes quisieran participar tenían tiempo hasta el 15 de febrero para inscribirse.

La formación se realiza en el marco del proyecto Horizonte de Libertades –una iniciativa de las organizaciones Ovejas Negras, Mizangas, Mujeres en el Horno y MásVIHdas con el cofinanciamiento de la Unión Europea–, que apunta al empoderamiento de jóvenes en distintas situaciones de vulnerabilidad con una perspectiva interseccional y de derechos humanos. El curso de formación laboral para personas trans, en particular, será gestionado junto a la organización El Abrojo en asociación con Cotidiano Mujer y el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay.

La propuesta se enmarca en uno de los ejes específicos de Horizonte de Libertades que es “generar prácticas significativas con población trans para recomendar a la política pública”, según aseguró Tania Ramírez, coordinadora del proyecto, a la diaria. “Si la práctica es buena y significativa”, dijo, “nos parece importante poder dar algunas recomendaciones que tienen que ver con lo presupuestal, pero también con el abordaje a la población objetivo en términos integrales”. La activista detalló que hoy existen programas de empleo protegido que incorporan la cuota trans, como Uruguay Trabaja (del Ministerio de Desarrollo Social, Mides) o Barrido Inclusivo (de la IM), pero remarcó que no siempre incluyen una perspectiva interseccional. “Cuando hay una política pública especializada para personas trans, en muchos casos es en términos generales y no se tienen en cuenta las distintas identidades étnicas, las procedencias, si alguien tiene o no una discapacidad, o si de repente es usuaria de drogas o tiene un consumo problemático de sustancias”, explicó Ramírez.

En esa lógica, el factor interseccional será especialmente contemplado a la hora de seleccionar a les participantes del curso de formación laboral que inicia en marzo. “Va a estar el cupo afro, el cupo por discapacidad y convocamos también a las personas migrantes que puedan participar, porque sabemos que muchas veces quedan por fuera de las políticas a nivel nacional”, adelantó la activista.

Ramírez destacó la importancia de que además de capacitar a las personas trans se las haga trabajar en el proyecto de vida teniendo en cuenta que “para las poblaciones que están en situaciones de mayor desventaja tristemente es muy difícil proyectarse a largo plazo”. En principio, Horizonte de Libertades trabaja con la Cámara de Comercio LGBT para promover prácticas en algunas de las empresas que están asociadas. Pero también en este caso hay que “manejar con mucho cuidado el tema de las expectativas”, dijo la coordinadora, “porque muchas veces sucede que pasan por alguno de estos programas, quizás por un año, con un sueldo y atención integral en términos de salud, pero una vez que termina el programa quedan solas”. Por eso resaltó la importancia de que la iniciativa no se focalice en “la contratación y la empleabilidad, sino en la formación para el empleo”.

El curso está pensado para la participación de 20 personas trans: hasta el jueves pasado ya se habían inscrito 57. Ese día hubo una charla informativa y cerca de 40 personas se arrimaron a la sede de El Abrojo para escuchar a quienes coordinan la propuesta. Los números muestran que, definitivamente, hay demanda.

Una deuda histórica

¿Por qué capacitar específicamente en gastronomía y manejo de redes sociales? La elección se basó en los resultados del censo de personas trans realizado por el Mides en 2016. “Una de las cuestiones que surgieron en el censo fue que un porcentaje interesante de personas estaban interesadas en estudiar algo relacionado con administración de empresas, informática y gastronomía”, contó Ramírez. “Nos pareció importante tomar el dato, sobre todo porque podíamos pensar que lo común para las personas trans en cuanto a su proyección laboral y de formación sería en el ámbito de la belleza, la estética, la peluquería, pero surgieron otros datos interesantes”, agregó.

Las personas trans integran uno de los colectivos más discriminados y vulnerados en materia de derechos. Esto las ubica en una situación de desventaja y desigualdad a la hora de acceder –entre otras cosas– a la educación y al trabajo. Según los datos del censo del Mides, el porcentaje de desocupación entre esta población alcanza el 30%, mientras que más de la mitad, 60%, no completó el ciclo básico. De hecho, el estudio revela que apenas 1% de las personas trans pudo acceder a la universidad y terminar una carrera profesional.

“Es importante pensar que las leyes, sobre todo las últimas de acciones afirmativas y de derechos como la Ley Integral para Personas Trans, contemplan algunos cupos para llamados en el ámbito público y privado, pero en muchos casos las personas trans no están preparadas o no tienen formación por todos los elementos que las colocaron en situación de desventaja”, aseguró la coordinadora de Horizonte de Libertades. Por eso es indispensable que, además de promover la inclusión laboral, se multipliquen los proyectos de formación y capacitación laboral.

Entre las razones que colocan a las personas trans en situación de desventaja, Ramírez mencionó “la exclusión temprana del hogar, el abandono temprano o desvinculación del sistema educativo y, en muchos casos, el ingreso temprano al mercado de explotación sexual comercial, incluso infantil”. El trabajo sexual es una de las principales salidas laborales para esta población: según el censo, el 67% lo ejercen o lo ejercieron en algún momento de sus vidas.

El peso de la ley

La Ley Integral para Personas Trans, aprobada por el Parlamento uruguayo en octubre de 2018 y reglamentada en abril de 2019, establece la creación de políticas públicas específicas para integrar a esta población a todos los ámbitos de la vida de los que ha sido históricamente excluida. En materia de inclusión laboral, plantea tres medidas concretas.

En primer lugar, exhorta a todos los organismos públicos –poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Tribunal de Cuentas; Corte Electoral; Tribunal de lo Contencioso Administrativo; gobiernos departamentales; entes autónomos; servicios descentralizados y personas de derecho público no estatal– a destinar 1% de los puestos de trabajo a personas trans. Esta medida no se pudo implementar en 2019 por el impedimento de hacer contrataciones en año electoral. Se espera que la implementación de la ley en este y los demás sentidos continúe de la mano del nuevo gobierno, como explicó en diciembre Nahia Mauri, integrante del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, a la diaria.

Pese a las limitaciones que imponía el año electoral, OSE se convirtió a fines de junio de 2019 en el primer organismo del Estado en cumplir con el cupo establecido en la ley al abrir un llamado laboral exclusivamente para personas trans. Pudo hacerlo porque los puestos a disposición eran zafrales, con una duración definida del 2 de diciembre al 1º de abril de este año. Mucho antes de que se aprobara la ley, en 2013, el Mides ya había realizado un llamado laboral por concurso dirigido a personas trans. En esa instancia quedaron seleccionadas cinco mujeres trans y un varón trans, que todavía trabajan en distintos departamentos del ministerio.

La ley trans también exhorta al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) la determinación de un cupo de al menos 1% destinado a las personas trans en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente. El asesor en políticas de género del organismo, Jorge Rondán, dijo a la diaria que la idea es cumplir con el cupo finalmente, pero que primero están trabajando para “generar las posibilidades reales” de que mujeres y varones trans puedan asistir a los cursos.

“A partir de la aprobación de la ley lo que vemos es la dificultad de que la población trans asista a nuestros cursos en los distintos departamentos. A veces puede que haya 30 personas trans, como en Paysandú, y de repente el día del curso aparecen dos”, explicó Rondán. Este fenómeno no se da por apatía o desinterés, explicó el asesor, sino por los propios “procesos de discriminación y exclusión” a los que se enfrentan a diario. En este sentido, dijo que a muchas de las mujeres trans “les cuesta mucho transitar por su propia ciudad a la hora del sol” –que es cuando funcionan las oficinas del Inefop– “porque se exponen a chistes, bromas, miradas y demás situaciones discriminatorias”. Entonces se quedan en casa.

Los cursos que promueve el Inefop duran aproximadamente seis meses y no están dirigidos especialmente a la población trans sino que se presentan como “inclusivos”, para evitar que de alguna forma se reproduzca “la misma exclusión social que la sociedad les ha ido construyendo a lo largo de la historia”. La gran mayoría de las personas trans que asisten son mujeres.

Según explicó Rondán, Inefop trabaja para que en todos los cursos se establezcan tres herramientas fundamentales: une acompañante individual “que ayude a la mujer trans a poder desanudar lo que le ha ido impidiendo la formación y a potenciar competencias transversales”; une docente par, también trans, que genera otro tipo de relacionamiento “porque ha vivido en carne propia los procesos de discriminación y les muestra a través de la identificación que es posible salir adelante”; y un viático diferenciado para que todas puedan asistir de manera sostenida a la capacitación. Todavía queda camino por recorrer para que el modelo alcance todos los territorios.

Una vez que esta base esté establecida, se podrá empezar a construir con la mira puesta en el 1%. “Mientras tanto”, dijo Rondán, “en este proceso de no discriminación que es el Inefop, cualquier persona que reclame una capacitación y pase por el proceso de orientación puede ser incluida en los cursos”. En paralelo, el instituto trabaja en un plan de trabajo piloto que contemple un equipo de gestión “que acerque la población trans a los centros técnicos públicos” y se ocupe del proceso de orientación de cada persona trans que reclame una capacitación.

La tercera medida que propone la ley trans en materia de inclusión laboral tiene que ver con las empresas: establece que el Poder Ejecutivo podrá otorgar los beneficios fiscales establecidos en la ley de inversiones a los proyectos que “incorporen a la plantilla de personal de la empresa personas trans” que residan en el país. Para Rondán, el proceso con las empresas parece funcionar a un ritmo más lento. “En Montevideo y en algunos lugares puntuales del interior hay una pequeña apertura con distintas evaluaciones en cuanto al éxito de la inclusión de mujeres trans en las empresas, pero son experiencias específicas”, dijo el asesor del Inefop. Y agregó: “Las mujeres trans logran empoderarse, formarse, mejorar sus competencias, pero después se encuentran con un empresariado uruguayo que aún no es permeable para tomarlas en el mundo del trabajo. Hay mucho por hacer”.