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También quiere poner en marcha una ley trans y otra de Igualdad de trato este año, tal y como se recoge en el acuerdo PSOE-Podemos

Fuente (editada): LA VANGUARDIA | 24/02/2020

El Ministerio de Igualdad se ha comprometido a aprobar antes del verano en Consejo de Ministros el proyecto de ley que pretende ampliar derechos al colectivo LGTBI y luchar contra el estigma, la discriminación y las violencias que históricamente ha sufrido.

La responsable de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido este lunes ante la comisión del ramo del Congreso, en donde ha destacado que la discriminación por identidad y orientación sexual, expresión de género o características sexuales, es una de las más “enquistadas” en la sociedad del país.

Este es el motivo por el que, entre otros organismos, su Ministerio ha creado una dirección general específica “para su erradicación” que, siguiendo lo establecido en el Pacto de Gobierno, impulsará la tramitación de la Ley LGTBI.

Montero ha precisado que este texto regulará “las condiciones básicas que garanticen la igualdad” y que “recompongan el equilibrio territorial en esta materia”. “Como saben, la desigual legislación autonómica conduce a situaciones que solo un marco estatal, con pleno respeto competencial a las autonomías, puede subsanar”, ha añadido.

LGTBI y Trans, dos textos que ya se registraron en el congreso

Pero además, según ha indicado, su departamento dará “prioridad” a la presentación de una ley trans, “que garantice el anclaje de los derechos y libertades fundamentales” de este colectivo y se creará de forma “inminente” un Consejo de Participación LGTBI para una interlocución directa entre el movimiento y las administraciones competentes en materia de derechos y libertades.

El Congreso ya tomó en consideración en septiembre de 2017 una norma sobre esta materia redactada por la Federación Española del colectivo LGTBI y apoyada por todos los grupos parlamentarios representados entonces en el Congreso, a excepción del PP que decidió abstenerse. Este texto decayó en marzo de 2019, al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones sin llegar a debatirse en la Cámara baja.

Hace ahora dos años, la Federación Plataforma Trans también registraba en el Congreso una norma que firmó Unidas Podemos y se comprometió a llevarla a debate al Pleno de la Cámara. El partido morado nunca llegó a hacerlo, lo que provocó la convocatoria de una huelga de hambre por parte del colectivo y las críticas de la portavoz de la federación, Mar Cambrollé. “Unidas Podemos ha secuestrado nuestros derechos”, explicó ante los medios.

Igualdad de trato

Además de estas dos normas, Montero ha asegurado en su intervención inicial que también redactarán una norma relativa a la Igualdad de Trato y No Discriminación para que sea tramitada “durante este año”.

En este texto, ha explicado la ministra, se garantizará la participación en la toma de decisiones y en la elaboración de medidas de las organizaciones que son parte de los grupos vulnerables de especial protección: gitano, musulmán, migrante, afrodescendiente y judío. “De esta manera, estaremos garantizando la protección de los derechos de todes”, ha apuntado.

Además, quiere “profundizar” en la tarea de la Dirección General creada en este ámbito y, concretamente, en su labor de formación y sensibilización de la sociedad. En este sentido, se ha referido a la necesidad de dotar a este órgano de herramientas que le permitan luchar de forma global contra el racismo y la xenofobia.

Así, ha mostrado la intención de su departamento de reforzar el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el único que permite que España cumpla con las recomendaciones y obligaciones europeas.

Pero, además, Montero ha añadido una “prioridad” más, que es la puesta en marcha de la Ley de Igualdad de Trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, que permita trasponer la directiva europea sobre este tema. “Esta ley incluirá todas las medidas necesarias para modificar la legislación penal, civil y administrativa, así como medidas de discriminación positiva fundamentándose en el reconocimiento de grupos de especial protección y las diferentes formas de discriminación que enfrentan”, ha señalado.

Finalmente, se ha referido al impulso de un sistema “coherente de indicadores de inclusión”, a fin de evaluar la xenofobia, la islamofobia, el antigitanismo y el antisemitismo en ámbitos clave como la educación, el empleo, la salud y la vivienda, para realizar un seguimiento riguroso sobre las condiciones de vida en aquellas comunidades que enfrentan este tipo de discriminación.