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Entrevistamos a Helena Dalli, actual comisaria europea de Igualdad y exministra en Malta, para hablar de las diferentes políticas adoptadas por países del ámbito europeo en materia de feminismo y derechos LGTBIQA+

Fuente (editada): Newtral  Noemí López Trujillo | 17 abril 2021

Las democracias de varios países europeos están en riesgo. Y la crisis del coronavirus ha sido la excusa de los gobiernos de algunos de estos Estados para implementar políticas contrarias a los derechos humanos. También el propio cuestionamiento de los derechos humanos —los de las mujeres o los de las personas LGTBIQA+— se ha usado como maniobra de distracción.

En Cómo perder un país, la escritora turca Ece Temelkuran apuntaba a una estrategia usada habitualmente por Erdogan, presidente de Turquía, consistente en “declarar periódicamente algo escandaloso sobre temas relacionados con la mujer, dejar que la opinión pública se quede estupefacta, y prolongar la controversia hasta que hayas terminado lo que fuera que estabas haciendo tras la cortina de humo”.

Durante la crisis del coronavirus, Hungría y Polonia —que forman parte de la Unión Europea, a diferencia de Turquía— también han tomado decisiones contrarias a los derechos humanos. En noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional polaco, órgano cuya independencia ha sido cuestionada por el propio Parlamento Europeo, resolvía que abortar por malformación fetal es inconstitucional, restringiendo este derecho aún más en el país. Una sentencia que entró en vigor el pasado enero.

Hungría, por su parte, “aprobó un proyecto de Ley de Protección frente a la pandemia de COVID-19 que ampliaba las competencias del gobierno para gobernar por decreto al eximirlo del control parlamentario”, tal y como informaba Amnistía Internacional. La ONG también señala que “en mayo [de 2020], el Parlamento prohibió el reconocimiento legal de la identidad sexual de las personas intersex y trans”.

Para hablar de todas estas cuestiones, Newtral.es ha entrevistado a Helena Dalli, la comisaria europea de Igualdad desde 2019. Dalli, originaria de Malta, fue, además, ministra de Diálogo Social, Consumo y Libertades Civiles de 2013 a 2017 y ministra de Igualdad de 2017 a 2019.

Turquía y el Convenio de Estambul

El Convenio de Estambul es una herramienta jurídica internacional para luchar contra la violencia específica que sufren las mujeres. Choukroune señala que “la decisión de Erdogan de que Turquía abandone el Convenio de Estambul envía una señal terrible a otros países que aún no lo han ratificado o que están pensando en hacer lo mismo”: “Es sintomático de cómo se están socavando los derechos de las mujeres y requiere una reacción urgente por parte de Europa”, añade, ya que sienta un peligroso precedente: “Si aceptamos que simplemente puede salirse de una convención internacional, envía el mensaje de que cualquier ley para proteger a las mujeres se puede derogar”, explica Choukroune.

En un comunicado sobre su decisión, el Gobierno turco recordaba que “seis miembros de la Unión Europea (Bulgaria, Hungría, República Checa, Letonia, Lituania y Eslovaquia) no han ratificado el Convenio de Estambul” y que uno de los Estados miembro que sí lo ha ratificado, en 2015, ya ha tomado medidas para retirarse de la Convención. Se trata de Polonia, que, según el comunicado del Gobierno turco, estaría rechazando “un intento de la comunidad LGTBI de imponer sus ideas sobre el género en toda la sociedad”.

Como explican las investigadoras Lori Mann y Carmen Miquel en este análisis publicado en Agenda Pública, Turquía se suma a la lista de países que considera que “los conceptos de ‘género’ son una promoción de la homosexualidad y la desaparición de la familia tradicional”.

Los derechos LGTBIQA+

Los casos de Polonia y Hungría, donde también se han llevado a cabo políticas contrarias a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQA+, serían un “aviso a navegantes”, tal y como expone en conversación con Newtral.es Alba Alonso, politóloga especializada en estudios de género y profesora de la Universidad de Santiago de Compostela: “Reflejan muy bien qué ocurre cuando partidos de derecha radical llegan al poder. Desmantelamiento de políticas de igualdad y LGTBI, hostigamiento del movimiento feminista, y desarrollo de políticas de familia y natalidad”.

Andrea Petö, historiadora especializada en género y política en el contexto europeo y profesora en la Universidad Central Europea (Viena), explica a Newtral.es que “el concepto de ‘ideología de género’ lo han construido quienes consideran que todo lo relativo al género es una amenaza que evidencia el fracaso de la representación democrática”.

Según Petö, la oposición a esta “ideología de género” se habría convertido en un medio para rechazar el orden social y económico actual alegando que “se priorizan las políticas de identidad por encima de cuestiones materiales. “La demonización de la ‘ideología de género’ es clave en la construcción de una nueva idea de sentido común que moviliza a quienes quieren luchar contra la democracia liberal”, añade la historiadora.

Ante el retroceso en materia de derechos humanos protagonizado por algunos países europeos, el Parlamento Europeo aprobó una resolución el pasado 21 de enero de 2021, en cuyo artículo 113 se expresa “la profunda preocupación por la hostilidad hacia los derechos de las mujeres y la igualdad de género establecidos en algunos Estados miembro y, en particular, por los intentos de criminalizar aún más la asistencia relacionada con el aborto y socavar el acceso de la juventud a una educación sexual integral en Polonia y por la reforma adoptada que ataca los derechos de las personas trans e intersex en Hungría”.

“Mientras la Unión Europea tiene como objetivo avanzar en la igualdad, incluyendo a la comunidad LGTBIQ, es cierto que hay un preocupante aumento de incidentes antiLGTBIQ tales como los ataques a eventos públicos LGTBIQ incluyendo las marchas del Orgullo o las declaraciones de las llamadas ‘zonas libres de ideología LGTB’. Las organizaciones LGTBIQ informan con mayor frecuencia de la hostilidad que sufren. Todo esto ocurre en un contexto de movimientos antigénero y antiLGTBIQ. Es importante que los Estados miembro aborden esta creciente amenaza para las personas de esta comunidad y sus derechos”, analiza Helena Dalli.

Autodeterminación de la identidad sexual en Europa

Malta es, precisamente, uno de los ocho países europeos que tienen una ley trans basada en la autodeterminación, algo que también se pretende legislar en España a través de una propuesta normativa que todavía no se ha aprobado en el Consejo de Ministros.

En relación a esto, la Comisión Europea publicó en junio de 2020 un informe sobre el reconocimiento legal del sexo en la Unión Europea. En él, la Comisión señala que “el procedimiento basado en la autodeterminación de género, defendido en la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2015 y en los Principios de Yogyakarta, es la aproximación más respetuosa con las personas trans y refleja los más altos estándares de derechos humanos, así como la más accesible”.

Sin embargo, este mecanismo legal ha sido cuestionado por la vicepresidenta primera Carmen Calvo, quien considera que podría generar “inseguridad jurídica”. Dalli señala, sin embargo, que “el principio de autodeterminación es la única forma de que los derechos de las personas trans sean respetados”.

La comisaria europea de Igualdad incide en que eliminar barreras legales para el cambio de sexo registral es un primer paso para reducir la discriminación que sufre esta comunidad: “Esto ya se confirmó con el estudio que la Comisión publicó el año pasado, que concluyó que los procedimientos accesibles y no intrusivos del reconocimiento legal del género son cruciales a la hora de mejorar el bienestar de las personas trans”.

Enfatiza, además, que el feminismo y la lucha LGTBIQA+ está muy vinculadas: “Los derechos de las mujeres y los derechos LGTBI tienen mucho en común en tanto que la discriminación que sufren está relacionada con estereotipos y expectativas de roles de género, patriarcado y sexismo”.

Dalli, como ministra de Igualdad, fue precisamente una de las impulsoras de la ley de identidad de género aprobada en Malta en 2015: “Me reuní con muchas personas trans y sus familias antes de presentar una ley de estas características. Muchas de las historias que me contaron eran descorazonadoras, con muchas personas sufriendo discriminación y exclusión. A raíz de la aprobación de la ley, la situación para ellas mejoró drásticamente. Ni una sola persona ha abusado de la ley de autodeterminación de género en Malta en tanto que aquellas personas que no son trans no cambian su género. Los hombres no se convierten simplemente en mujeres legalmente para beneficiarse de las cuotas de género. Un cambio de sexo legal puede implicar un gran estrés personal y nadie quiere pasar por ello si no es absolutamente necesario”.

Los derechos trans no son una amenaza para el feminismo de ninguna forma, y de hecho van de la mano en el marco internacional de derechos humanos. Hay un número creciente de Estados miembro que regulan el reconocimiento legal del género sobre la base de la autodeterminación”, añade Helena Dalli, quien considera que “no habría que verlo como un retroceso de la igualdad para las mujeres cis”.