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El Gobierno intensifica la negociación interna para el paquete legislativo de los derechos LGTBI, que lleva meses enquistado. El principal escollo sigue siendo la autodeterminación de la identidad sexual: el PSOE apuesta por imponer algún requisito al cambio legal de sexo de las personas trans más allá de la “mera voluntad”.

Fuente (editada): elDiario.es | Irene Castro / Aitor Riveiro | 2 de junio de 2021

El Gobierno intensifica la negociación interna de las leyes LGTBI y trans, que llevan meses atascadas, con el objetivo de tener el paquete legislativo listo para ser aprobado en el Consejo de Ministros antes de la celebración del Orgullo, que empieza el 25 de junio. Representantes de los ministerios de Justicia e Igualdad, que son los dos proponentes de ambas normas, mantuvieron este miércoles durante todo el día una reunión en la sede del departamento que pilota Juan Carlos Campo para avanzar.

Fuentes oficiales de Justicia enmarcan el encuentro en la normalidad de los trabajos de la elaboración del paquete legislativo sobre los nuevos derechos para las personas LGTBI. “No es novedosa. Es una reunión más de las que tienen como coproponentes”, apuntan. Los contactos se han producido en otros niveles además de Igualdad, Justicia y de Carmen Calvo, que es la secretaria de Igualdad del PSOE además de la vicepresidenta encargada de coordinar al Gobierno.

El asunto inquieta especialmente en el partido socialista cuando va acercándose la fecha de la celebración del Orgullo LGTBIQA+ ante la reacción que pueda haber contra sus cargos en la manifestación, acto central del evento, por el enquistamiento en la negociación. En la retina de las filas socialistas está estos días el rechazo a dirigentes de Ciudadanos en la marcha de 2019. Este año, 76 asociaciones LGTBIQA+ han reclamado a la FELGTB y a COGAM que no inviten al PSOE al Orgullo si persiste el bloqueo de la ley trans, que está enquistada fundamentalmente por el rechazo del partido socialista a la autodeterminación de la identidad sexual. El partido de Pedro Sánchez apuesta por que el cambio legal de sexo se lleve a cabo con algunos requisitos en el Registro Civil que incluyen a terceras personas.

“Me parece que el PSOE siempre ha estado comprometido con los derechos de las personas LGTBI y ninguna expresión que quiera apartarlo de esa lucha, ni será justa, ni sería inteligente, por parte de este colectivo”, afirmó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por el rechazo planteado por esas entidades sociales. Una desafortunada declaración que más parece una amenaza que un discurso de reconciliación.

No obstante, ambas partes esperan desatascar el asunto antes del Orgullo a finales de junio, para lo que quedan tres convocatorias ordinarias del Consejo de Ministres. “Hay reuniones y se está realizando un gran esfuerzo por parte de los equipos de Igualdad y Justicia para tener la Ley Trans y la Ley LGTBI antes del Orgullo como dijo la ministra de Igualdad, con el mismo consenso que hubo en 2019, para que vaya lo antes posible a Consejo de Ministres, aunque todavía no hay fecha porque se sigue trabajando en conseguir un acuerdo”, señalan fuentes de Igualdad, informa Marta Borraz.

A pesar de esa negociación, los puntos de partida siguen alejados. “Estoy centrada en lo que me comprometí en el Congreso: recuperar el consenso de 2019, hacer valer ese consenso social para defender los derechos de las personas trans y que podamos tener para el Orgullo ley trans y ley LGTBI ya en tramitación”, ha expresado este miércoles Irene Montero en declaraciones a los medios en Bruselas, donde se ha reunido con la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, informa Andrés Gil.

Con “el consenso de 2019” la ministra se refiere a la proposición de ley impulsada entonces por el partido socialista, que avalaba la autodeterminación de la identidad sexual, sin encontrar entonces ninguna inseguridad jurídica en ella, y que decayó a las puertas de ser aprobada por la disolución de las Cortes debido al adelanto electoral. Aquella propuesta contó con el aval de todos los grupos de la Cámara. Sin embargo, desde entonces el PSOE ha cambiado de posición.

Las negociaciones se han acelerado en las últimas semanas, especialmente tras el debate en el Congreso de la proposición de ley presentada por ERC y el Grupo Plural con el apoyo de los colectivos trans. La propuesta fue rechazada con el voto en contra de PP y Vox, y la abstención del PSOE. “En un Estado de Derecho no existe ningún hecho jurídico, administrativo ni de otro tipo, en el que opere únicamente la manifestación de la voluntad”, defendió la diputada socialista Susana Ros en ese debate, obviando las leyes de aborto o de divorcio, entre muchas otras y por poner un par de ejemplos, que sólo requieren de la voluntad de la persona o personas involucradas.

El debate es incómodo para el PSOE, que se reivindica como el partido que ha impulsado los derechos de las mujeres y las personas LGTBI, pero que está dividido [como dividió interesadamente al movimiento feminista] respecto a la autodeterminación de la identidad sexual. Y es que es difícil reivindicarse como un partido amigo del colectivo LGTBIQA+, mientras niega a la población trans derechos humanos fundamentales y básicos como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad, el derecho reproductivo, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica…