Argentina cuenta desde 2012 con la Ley de Identidad de Género, por la que «toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a ella; y a ser tratada de acuerdo a ella». ¿Por qué es una ley pionera?, ¿qué impactos tuvo la ley en otras dimensiones? Este reportaje analiza qué ha supuesto la aprobación de esta legislación hace casi una década.
Fuente (editada): Píkara magazine | María Eugenia Ludueña y Ana Fornaro | 17/02/2021
En mayo de 2012, cuando en Argentina el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Identidad de Género (LIG), la activista travesti Alma Fernández estaba en situación de calle. Vivía en Plaza Flores, en la ciudad de Buenos Aires, y sobrevivía, como siguen sobreviviendo hoy muchas personas travestis* y trans en América Latina, ejerciendo la prostitución. “Sentí que por primera vez había un Estado presente. Un Estado que nos devolvía la dignidad y nos permitía salir al sol. Pero yo no estaba participando de los foros de debate porque no sabía leer ni escribir. Recién después de haber tenido un documento pude terminar la escuela primaria y el secundario”, cuenta la activista que a los 13 años llegó sola de Tucumán, una provincia del norte del país, con altos grados de violencia patriarcal. Hoy Alma es una figura visible en las manifestaciones y en la lucha por derechos para el colectivo travesti trans.
La Ley de Identidad de Género (26.743) de Argentina es rotunda. “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a ella; y a ser tratada de acuerdo a ella”. Creada y luchada en las calles por los activismos travestis y trans y de la diversidad sexual, tiene una mirada integral y no fuerza a ningún tratamiento médico ninguna intervención quirúrgica ni a pedir permiso para el reconocimiento. Tampoco establece la obligatoriedad del cambio registral del documento para acceder a los derechos.
“La LIG nos dio la identidad que sentimos. Y nos dio derechos. Antes no podíamos acceder a ellos porque teníamos un documento con nombre de varón y nosotras éramos mujeres, o al revés”, dice Magalí Muñiz, integrante del Archivo de la Memoria Trans. A los 57 años, Magalí es una sobreviviente en América Latina donde el promedio de expectativa de vida de una femeneidad trans ronda los 35 años promedio. Magalí conoció la criminalización y la violencia policial que se ensañaba especialmente con ellas, las travestis y trans que ejercían el trabajo sexual. Pero también sabe de resistencias, de encontrarse en la ruta, en los calabozos de las comisarías, en los exilios, en los velorios. “La LIG fue muy importante también porque, a partir de un derecho, aparecieron los otros: a estudiar, a trabajar”, dice.
“Cuando se aprobó la ley yo era una lesbiana cis, militaba en los derechos de la comunidad LGBTI y a la vez militaba en sindical. En ese momento acompañé en las intervenciones callejeras y en ese momento me parecía un derecho en el cual yo estaba siendo ‘aliado’ y precisamente que hayamos conseguido esa ley me ayudó a pensar en cómo estaba atravesada mi identidad y cuál era mi vínculo con la masculinidad, y tres, cuatro años después empecé mi transición”, cuenta el activista trans Ese Montenegro.
Autopercepción, columna vertebral de la ley
El derecho de cada persona a ser y poder expresarlo es la libertad crucial de la LIG que se aprobó en Argentina. A diferencia de otros países, el eje de la discusión no estuvo en si la autopercepción significaba un borramiento de otras identidades ni si se podía usar para usurpar derechos. Esa pelea conceptual ya la venían dando desde la calle activistas como Lohana Berkins, Diana Sacayán, Mauro Cabral, Marlene Wayar y muches más.
“La autopercepción fue un tema que tuvo un debate muy circunscripto, porque iba de la mano de una noción de Estado”, recuerda Alba Rueda. Hoy la activista de Mujeres Trans Argentina forma parte de ese Estado: es la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, creado por el Gobierno de Alberto Fernández. Rueda participó de esas instancias preliminares a la aprobación de la ley. “Estábamos en un Gobierno [el de Cristina Fernández de Kirchner] que concebía un tipo de Estado. Hablar del desarrollo personal de las personas de acuerdo a su identidad era lo más acorde a la lógica del Estado que debía resguardar derechos y no estigmatizar o catalogar”.
¿Por qué suele decirse que la LIG de Argentina es pionera? «Por ser la primera que se animó a romper con lógicas legislativas un tanto conservadoras y tradicionales, concentradas en elementos biologicistas -que la persona se pareciera desde lo biológico al sexo que se quiere modificar registralmente, ya sea después de algún tratamiento hormonal u operación quirúrgica- y patologizantes -que toda decisión de modificación del sexo fuera resultado de varios informes e intervenciones psi-«, responde Marisa Herrera, doctora en Derecho, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Avellaneda.
En Argentina el derecho a la identidad tiene desde antes una historia de lucha por los derechos humanos y hasta su propio día de conmemoración: el 22 de octubre, por ser el del nacimiento de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Se relaciona con un legado crucial: el de la lucha de Abuelas por recuperar a más de 500 nietes robades por el terrorismo de Estado. “El desarrollo y consolidación de los derechos humanos y, en especial, del derecho a la identidad directamente vinculada a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad fue decisivo para sancionar una ley cuya columna vertebral es la noción de ‘identidad autopercibida’. Es decir, la sola decisión libre e informada de la persona ante el registro civil -un ámbito administrativo y no judicial- de cambiar su género sin la necesidad de tener que acreditar ningún requisito que tal voluntad”, explica Herrera.
“Considero que el derecho a la identidad es un derecho humano. Vivimos en un mundo en el cual muchas veces se problematiza qué es la identidad y es uno de los ejes a través de los cuales desarrollamos nuestra vida. Pienso que en sociedad cambiamos. En mi familia, en mi barrio, era algo muy ajeno a mi cotidianeidad, por ejemplo”, agrega Ese Montenegro.
La LIG tuvo impacto en otras normativas dentro del ordenamiento jurídico argentino, “al colocar en crisis el principio binario varón-mujer, ya que esta ley no limita o circunscribe el cambio de género en esa lógica binaria, admitiéndose que la persona pueda salirse de esta doble categoría, pidiendo que se quite cualquier referencia al género al no sentirse identificado con ninguno de los dos [primer caso presentado en el 2018 ante el registro civil mendocino], o autopercibirse bajo la identidad de «feminidad travesti» [caso plantado ante la justicia que se encuentra en estudio ante la Corte Federal]”, continúa Herrera. En este contexto más amplio y plural acorde con la Opinión Consultiva número 24 de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “se observan varias normativas que siguen esta lógica. Por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo no solo alude el derecho de las mujeres a acceder a esta práctica médica, sino también a todas las personas con capacidad de gestar”, agrega Herrera.
¿Qué impactos tuvo la ley en otras dimensiones? “Facilitó la gestión y el pensamiento de políticas públicas. Eso tiene que estar presente en cualquier proyecto de políticas feministas. Y las bases de sistemas de información del Estado binario están cambiando, aunque todavía falta”, cuenta Alba Rueda.
La funcionaria trans también destaca el impacto en términos sociales y culturales. “La LIG fue crucial por visibilizar y constituir a sujetos políticos. Fue una conquista de los movimientos sociales que marcó una diferencia muy valiosa para hacer planteos sobre travesticidios, preguntarse por condiciones de vida y vulneraciones, y para modificarlas desde sujetos políticos en diálogo con el Estado. Hoy existen iniciativas de cupo laboral travesti trans [como la ley Diana Sacayán aprobada en la provincia de Buenos Aires] porque existe ley de identidad de género”, narra.
En septiembre de 2020, el presidente de Argentina Alberto Fernández, en una decisión histórica, decretó destinar un cupo de al menos 1 por ciento en los cargos del personal Sector Público Nacional «para personas travestis, transexuales y transgénero». Y hace dos semanas se abrió un Registro de anotación voluntaria para quienes quieran postularse a esos cargos en todo el país. Mientras tanto en el Congreso de la Nación empezaron a tratarse una serie de proyectos presentados por organizaciones de la diversidad sexual y el activismo travesti trans que buscan que el cupo laboral se convierta en una ley nacional para la inclusión integral de personas travestis y trans. El sábado 20 de febrero hubo un “banderazo federal y plurinacional” para pedir su pronta aprobación.
“La ley vino a solucionar el dolor de la exclusión, la frustración, el no tener ganas porque el documento llevaba un nombre que no era el tuyo. Tener un DNI con nombre propio fue importante para el acceso a derechos, para estudiar y trabajar, porque antes no podíamos”, dice Alma, que ahora alquila, vive en la villa 31 y reparte su tiempo entre el activismo y diversos trabajos, porque con uno no alcanza para llegar a fin de mes. “La ley es une niñe que tiene casi 9 años. Sabemos que faltan un montón de cosas”, dice.
La deudas: estar en la agenda emocional del país
Hace un año, el 13 de febrero de 2020, el presidente de Argentina hacía entrega en un acto público en la Casa de Gobierno del documento modificado número 9.000 a una mujer trans, Isha Escribano. “Hoy somos un poco más iguales”, dijo Alberto Fernández en un discurso que se vio como un espaldarazo político del nuevo Ejecutivo -asumió en diciembre de 2019- a la población travesti y trans.
La LIG habilitó derechos y una participación política de las personas travestis y trans en la sociedad pero la esperanza de vida, casi una década después, sigue siendo de 35 años. Son fuerzas sociales que se contraponen: por un lado la visibilidad y un cambio cultural en muchos sectores, y por otro lado las violencias y carencias que siguen a la orden del día. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, solo en 2020 hubo más de 100 muertes trans entre travesticidios y travesticidios sociales, es decir, muertes por abandono estatal, falta de acceso a derechos como salud y la violencia estructural. Pero estos crímenes y muertes, que no han cesado, no tienen el impacto social que sí tienen, por ejemplo, los femicidios. “Nuestras muertes también importan y es necesario visibilizarlas”, dijo Marcela Tobaldi, coordinadora de La Rosa Naranja, asociación civil integrada por mujeres trans y con sede en Ciudad de Buenos Aires. En enero La Rosa Naranja publicó su propio ‘Informe estadístico de compañeras travestis, transexuales y transgéneros durante 2020′. Según estos datos, el año pasado hubo por lo menos 10 travestis o mujeres trans muertas por crímenes de odio, un varón trans por suicidio y 97 travesticidios sociales evitables. “Los medios visibilizan las estadísticas de feminicidios pero en ningún momento hablan del travesticidio social, ni de nuestros crímenes de odio. Y a veces, cuando lo hacen, está mal abordado”, dijo Tobaldi a Presentes.
“La ley es nuestra y no es un fracaso. Lo que fracasó es la inclusión, la implementación de la ley. Seguimos con la misma esperanza de vida de hace ocho años. Y no estamos en la agenda emocional del país. Es verdad que hay más infancias libres. Pero más del 80 por ciento de las travestis y trans están en la calle. Y la pandemia desnudó esa realidad. Mientras las terf discuten, nosotras seguimos sobreviviendo. Te diría que casi son cómplices de cada travesticidio”, dice la artista Susy Shock.
En ese sentido, Magalí Muñiz destaca la importancia de la aprobación de una ley reparatoria para sobrevivientes trans, que el Estado reconozca la vulneración histórica de derechos y dignifique materialmente esas vidas. “Falta muchísimo porque no se cumple como se tendría que cumplir: en la salud, en la vivienda, en el trabajo. Vamos por un camino y seguimos luchando. Ahora nos faltaría para las generaciones mayores una reparación. Las personas mayores trans seguimos siendo excluidas de todo sistema”. Desde 2017 los colectivos travestis y trans buscan la aprobación del proyecto Reconocer es reparar y en la provincia de Santa Fe hubo una política puntual de reparación histórica para mayores trans de 40 años. “Hoy nos encontramos con herramientas más sólidas que las previas a 2012 para modificar nuestras condiciones de vida. Falta un montón pero ese montón tiene que ver con deudas históricas. En cierta medida la alternancia política no permitió que se llevaran adelante cambios más profundos”, agrega Alba Rueda.
Presente y futuro: las infancias y adolescencias
A diferencia de otros países, como Chile, donde se aprobó una ley de identidad de género que no contempla a les niñes, la LIG de Argentina integra a las infancias y adolescencias, luego de una militancia férrea de muchas familias, acompañadas por el activismo LGBTIQA+. Una de las causas de la esperanza de vida de 35 años es la exclusión por parte de las familias primero, y los centros educativos después, de esas niñeces trans desamparadas. Que la LIG las contemple y se busquen políticas integradoras a escala educacional tiene el potencial de cambiar la vida no solo a las juventudes sino también de toda la sociedad.
“La LIG es importante para las infancias y sus familias porque no solo acredita la identidad de las niñeces, le da un marco de respeto. Es hasta una reparación para las personas. Por lo menos para Luana fue eso. Teniendo ese DNI que acreditaba y hacía que las personas la respetasen puede decir: esa soy yo. La LIG es imprescindible no solo para las personas travestis y trans sino para todas las personas. Nos hizo pensar desde dónde, desde cuándo hablar de la identidad de género, empezar a cuestionar el sistema binario, patriarcal. Es sumamente amplia y piensa y le da el derecho y voz a las niñeces y adolescencias”, dice Gabriela Mansilla, mamá de Luana – la primera niña trans en hacer el cambio de documento en Argentina- y fundadora de la Asociación Infancias Libres.
Hoy en día artistas y activistas como Susy Shock, Violeta Alegre y Marlene Wayar tienen el foco puesto en acompañar y proteger a esas infancias en sus recorridos no solo legales sino también afectivos y vivenciales. La educación sexual integral -con la implementación de una ley al respecto- resulta una aliada crucial para que se respeten los derechos de esas juventudes en todos los ámbitos de la vida e ir a la escuela, a un centro de salud o incluso a un parque público no se transforme en retos violentos. El trabajo de visibilización es cotidiano y muy desigual a lo largo y ancho del país.
“A las personas trans nos imaginan siempre adultas. También nos imaginan en determinados momentos y espacios: la noche, la calle, las llamadas “zonas rojas”. Aparecemos en las secciones policiales de los medios de comunicación, en noticias con títulos estigmatizantes o como bufonas en la televisión. En la libidinosidad donde fuimos colocadas, el mundo hace una lectura de nuestras vidas donde lo que se registra es nuestro cuerpo, nuestra performatividad, lo que aún sigue provocando abyección, pánico moral, sin tener ningún tipo de registro sobre nuestras experiencias vitales”, dice la activista travesti Violeta Alegre.
Para Gabriela Mansilla uno de los principales mitos que hay que derribar en el futuro es el biologicismo: «La idea de que por tener pene sos un varón o si tenés vulva sos mujer y no hay discusión. La ley obliga a que llamemos a las personas según como se identifican, pero mucha gente sigue pensando que sos otra cosa. Lo más difícil es lo cultural, lo arraigado, lo que ya está establecido. Yo lucho por algo que no sé si mi hija llegará a disfrutar, pero al menos vamos a dejar un mensaje para y por las nuevas generaciones. Que tengan trabajo, educación, que alguien les quiera realmente. Tener un documento aún no les salva de nada, por eso necesitamos el cambio cultural».
*Nota de las autoras.
Travesti: en Argentina el movimiento travesti-trans se reapropia y reivindica la lucha contra la violencia institucional como símbolo de resistencia. Durante muchos años las fuerzas policiales llevaban detenidas a las personas con identidades y expresiones de género diversas, acusándolas de «travestirse» (algo que estaba penado por muchos edictos). Las travestis no se vivencian de manera binaria como varones o mujeres, aunque sí como femenidades. La identidad travesti puede connotar activismos, periferias, raíces indígenas y latinoamericanas.