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Fuente (editada): LA REPÚBLICA | Alexandra Ortega Huyhua | 2 SEP 2022

En el 2015, Rodrigo Ventocilla y Sebastián Marallano se conocieron. Al cabo de varios años de relación y luchas por el reconocimiento de la comunidad LGTBIQ+, viajaron a Chile para casarse este 2022. El pasado 6 de agosto, decidieron irse de luna de miel a Bali, en Indonesia.

Todo estaba planeado: después de su luna de miel, Ventocilla retornaría a estudiar su segundo año de la maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Sin embargo, todo quedaría truncado tras la muerte del joven trans en dicho país.

Detención en Indonesia

Al llegar al aeropuerto de Denpasar-Ngurah Rai, Ventocilla fue detenido tras ser discriminado y acusado de ser un traficante de drogas. Esto pese a que contaba con la prescripción médica para su tratamiento de salud mental.

Sebastián intentó auxiliar a su pareja, pero no le fue permitido y lo retuvieron. La familia de Rodrigo Ventosilla denunció que la Policía de Bali exigió “cantidades exorbitantes de dinero” a cambio de la liberación de les dos peruanes.

Durante los siguientes tres días, les parientes tenían poca comunicación hasta que fueron informados de que ambes ciudadanos sufrieron una descompensación dentro de su celda. Rodrigo Ventocilla estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos y días después falleció.

La necropsia nunca se realizó en ese país, por lo que aún no se sabe qué pasó.

Inacción de las autoridades en Perú

Durante este período, la Cancillería tuvo un papel ausente. No se comunicaba con la familia ni mucho menos salía a respaldarlos.

En un primer comunicado, dicha entidad no dedicó ni un apoyo o lamento ante el fallecimiento. Incluso, negó la versión de la familia. Al cabo de varios días, emitieron un nuevo pronunciamiento donde les respaldaron. No obstante, la familia y amistades mostraban su sentir en los exteriores de la Cancillería. Y la defensa legal anunció que presentaron una denuncia por el delito de tortura y violación de derechos humanos en contra de funcionarios indonesios y peruanos que están implicados en la muerte del joven activista trans.

“Se ha tomado la decisión de interponer esta denuncia en la medida en que creemos que hay elementos perfectamente razonables e indiciarios de la comisión de estos delitos. Hay una contundencia probatoria que haremos pesar. Esperamos que el Ministerio Público abra la investigación y realice las diligencias preliminares que apunten al esclarecimiento del caso lo más pronto posible”, señaló Arbizú a La República.

 

 

Investigación preliminar y retorno de los restos

El pasado 1 de septiembre, la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Delitos de Terrorismo dispuso abrir investigación preliminar por presunto delito contra la humanidad, en la modalidad de tortura. El plazo de la investigación será de ocho meses en promedio.