Fuente: EUFORIA FTA | 19 DIC 22

Dos peticiones de rectificación de sexo registral en menores, sin aportar informes médicos y sin pasar examen forense, fueron denegadas por los Registros Civiles de Orense y Murcia. Tras ser recurridos los autos denegatorios por las familias, por la vía administrativa ante la DG de Seguridad Jurídica y Fé Pública, ésta resolvió revocar los autos en base a la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019 siendo posteriormente dictados sendos autos favorables por los Registros Civiles correspondientes.

El pasado viernes en puertas de que definitivamente se debatan en el Congreso las enmiendas al Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la familia de Daniela recibía el auto favorable de rectificación registral del sexo de Daniela como respuesta a un procedimiento administrativo iniciado en agosto de 2021, habiendo sido autorizado el cambio de nombre en enero de 2019. El motivo de que este procedimiento se haya alargado tanto es que inicialmente el Registro Civil negó la rectificación del sexo, decisión que la familia -asesorada por la asociación Euforia Familias Trans Aliadas– recurrió administrativamente ante la DG de Seguridad Jurídica y Fé Pública, ésta resolvió revocar el auto en base a la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019 devolviendo al tramite al Registro Civil de Murcia para que resolviera teniendo en cuenta está sentencia.

Parecido fue el proceso que vivió Alejandro de Orense que obtuvo el auto favorable tras haber sido denegado inicialmente y habiendo revocado la DG de Seguridad Jurídica y Fé Pública esa decisión.

La DG de Seguridad Jurídica y Fé Pública pertenece al Ministerio de Justicia, que es uno de los Ministerios encargados de la redacción de la conocida como “Ley trans” lo que pone en evidencia la falta de coherencia del Gobierno y sobre todo, de la parte socialista del mismo, que con una mano dice una cosa y con la otra hace lo contrario. También pone en evidencia lo desacertado del debate público promovido interesadamente en redes sociales y medios de comunicación y de algunas oportunistas que han querido aprovechar el momento para volver a la escena pública, con la total ausencia de las personas interesadas y sin profundizar en cuál es el escenario actual de este colectivo.

El primer auto favorable de febrero de este año, sin que la familia aportara informes médicos ni permitiera una exploración forense, fue el de Lois una niña de nueve años, dictado por el Registro Civil de Puerto del Rosario, recurrido por la fiscalía ante la DG de Seguridad Jurídica y Fé Pública, resolviendo esta desestimar el recurso y confirmar el auto.

Hace pocos días Andrea de nueve años, obtenía una resolución favorable sin haber cambiado su nombre previamente, sin tener que pasar por una denegación inicial y a pesar de negarse la familia a aportar informes médicos ni someterse a una exploración forense, cierto es que pudo aportar al procedimiento los autos previamente dictados por la DG de Seguridad Jurídica y Fé Pública. Desde que se publicó la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019 muchas otras personas menores han rectificado sus datos registrales por un procedimiento administrativo, cumplimiento los requisitos patologizantes de la vigente Ley 3/2007 gracias a la nombrada sentencia del Tribunal Constitucional.

Natalia Aventín, presidenta de Euforia Familias Trans Aliadas destaca lo arbitrario de la situación actual, que no se resuelve con la redacción propuesta en el Proyecto de Ley que se está tramitando en el Congreso. “La jurisprudencia creada por el Tribunal Constitucional no se anula con una Ley que la contraviene, por lo tanto se podrá seguir recurriendo a esta para solicitar las rectificaciones registrales” explica, “los derechos de la persona menores de 12 años dependerán del asesoramiento que reciba la familia y de la opinión o interés de la persona responsable del Registro Civil” argumenta entre la incredulidad y la decepción. Tampoco entiende el empeño en judicializar el reconocimiento de una realidad administrativa, como es un dato registral, para las personas entre doce y catorce años “es profundamente discriminatorio y contradice lo que el propio gobierno está argumentando a través del Ministerio de Justicia, en sus resoluciones actuales”.

Las familias de menores trans han hecho un trabajo importante de normalización e inclusión de las infancias trans en nuestra sociedad durante los últimos años, transformando el rechazo que solía producirse ante estas realidades en respeto y escucha, por ello creen que el legislativo vive de espaldas a la sociedad. El primer año de gobierno, Pedro Sánchez lo celebró invitando por primera vez a representantes y referentes del colectivo LGTBIQA+ a Moncloa, también a las familias de personas trans, pero lejos quedan aquellos días que anunciaban un camino amigable para el reconocimiento de derechos de las infancias trans.