Los colectivos trans rechazan una ley fusionada: «Sufrimos una violencia estructural y específica»

• La propuesta para unificar la ley trans con la ley LGBTI levanta ampollas entre activistas, que critican que no se les haya consultado

• «La democracia española tiene una deuda histórica con las personas trans: necesitamos una ley propia que nos proteja frente a las desigualdades estructurales y específicas que sufrimos«, reivindica Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans.

Fuente (editada): elPeriódico | Valentina Raffio | 02 de mayo del 2021

Hay leyes que pasan totalmente desapercibidas y leyes que pueden cambiar la vida de muchas personas. La ‘Ley trans’ es un ejemplo de ello. “La democracia española tiene una deuda histórica con las personas trans: necesitamos una ley propia que nos proteja frente a las desigualdades estructurales y específicas que sufrimos”, reivindica Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, frente a la propuesta que hace tan solo unos días planteaba unificar las leyes trans y LGTBI en un solo paquete. La iniciativa ha crispado los ánimos entre los colectivos activistas, que afean que esta última propuesta no ha sido consultada con ninguna asociación de personas trans. «Es como si para hacer una ley que afecta a las mujeres solo se tuvieran en cuenta voces de hombres», denuncian varias voces del movimiento interpeladas por este diario.

La odisea hacia la aprobación de la ley trans viene de lejos. Tras años y años de reivindicaciones, el colectivo logró forjar un borrador que parecía tener el consenso de todas las fuerzas políticas progresistas. Llegados al verano pasado, el Ministerio de Igualdad, presidido por Irene Montero, trabajó durante varios meses con 25 asociaciones y ocho expertos para diseñar la normativa. Pero cuando todo parecía encauzado, las discrepancias con una facción del partido socialista, encabezada por Carmen Calvo, pusieron en jaque las negociaciones. El debate parecía enquistado hasta que la semana pasada tres entidades LGBTI propusieron «unificar» las leyes en un único texto para acelerar así su aprobación. Y es ahí donde se ha reavivado el debate.

La presidenta de la asociación ‘DesperTrans‘, Edurne Correa, considera que la propuesta de unificar leyes «es un insulto a toda la lucha del colectivo trans» y «tira por tierra todo el trabajo hecho hasta ahora». Natalia Aventín, de la entidad de familias de personas trans ‘Euforia‘, considera que esta última negociación «invisibiliza conscientemente las voces del colectivo» para «esconder el debate de fondo». Cambrollé, como portavoz de una entidad que reúne a más de 4.800 personas trans de 12 comunidades autónomas, afirma que su colectivo jamás aceptaría una propuesta así. «Una ley ‘fusionada’ invisibilizaría a las personas trans como sujeto político y negaría que somos sujeto de violencias específicas», zanja.

«Estamos en el extremo de todas las discriminaciones»

La voz de estas activistas resuena ahora con más rabia todavía, pues ellas fueron tres de las más de setenta manifestantes que el pasado 10 de marzo encabezaron una huelga de hambre y más de una semana de protestas para reclamar la aprobación de esta ley. Su lucha, recuerdan, «es una cuestión de derechos humanos» y que «contamos con el apoyo de la sociedad española». La última consulta pública sobre esta ley, de hecho, recibió más de 600.000 correos electrónicos, de los cuales un 96% eran de apoyo a la causa. El activismo volverá a salir a las calles el próximo 15 de mayo para reivindicar, una vez más, la necesidad de una ley trans estatal.

El debate sobre esta ley es complejo pero, según resume Correa, se centra en cuatro ‘líneas rojas’ que el activismo reclama que estén sí o sí en esta nueva normativa. La despatologización, la autodeterminación de la identidad sexual, la protección de la infancia trans y el reconocimiento de las personas no binarias. O dicho de otra manera, «que se deje de tratar a las personas trans como personas enfermas« y «que las personas trans puedan acceder a su identidad sin pasar por una pesadilla». «Para esto necesitamos una ley propia, no un 2×1», comenta la presidenta de DesperTrans.

«Las personas trans somos las únicas de todo el colectivo LGBTI que solo por ser quienes somos estamos excluidas del mercado laboral, sufrimos más discriminaciones en calles y tenemos mayor riesgo de exclusión social y los peores índices de salud mental. Estamos en el extremo de todas las discriminaciones«, recuerda Cambrollé. La activista también recuerda que hace apenas unas décadas «las cárceles del franquismo estaban llenas de personas trans» y que fue este el colectivo que más sufrió la represión de la dictadura. «Una ley trans no solo nos daría herramientas para afrontar las discriminaciones actuales, sino que sería una reparación moral después de 40 años de democracia«, añade.

Activistas encabezan una huelga de hambre frente al Ministerio de Igualdad para reclamar la aprobación de la Ley trans, el pasado mes de marzo / DAVID CASTRO

«Una burocracia compleja y patologizante»

La posible fusión de la ley trans y la ley LGTBI, de la cual todavía no ha trascendido ninguna información, también levanta recelos en la esfera legal. «No es lo mismo legislar para personas gais y lesbianas que legislar para personas trans. En un caso estamos hablando de promover el respeto y la igualdad hacia una orientación sexual. En el otro, hablamos de regular todo el aspecto burocrático por el que tienen que pasar las personas trans», explica Isaac Guijarro, del gabinete ‘Olympe Abogados‘. «Si mañana sales del armario como  homosexual no tienes que cambiar tus papeles, pero si eres trans sí. La ley trans necesita una regulación específica«, resume.

El borrador de ley trans que en estos momentos está registrado en el Congreso incluye, entre otras, medidas específicas para mejorar la asistencia sanitaria y promover el acceso laboral del colectivo. Aunque, según recalca Guijarro, el punto clave de esta ley sería la autodeterminación de la identidad sexual. «Ahora mismo una persona trans necesita un informe psicológico (o psiquiátrico) de disforia de género, dos años de hormonas y un largo y tedioso proceso judicial para acceder a su identidad. Hablamos de una burocracia compleja y patologizante, que trata al colectivo como personas enfermas», resume el letrado en referencia a la normativa estatal. «En la práctica, no poder acceder a documentos acordes a tu identidad significa que, por ejemplo, aunque tu te muestres al mundo como una mujer puede que en la consulta del médico te sigan llamando ‘Paco’ porque es lo que pone en tu DNI», añade.

«No solo es un problema de burocracia. También hay que pensar en todo el sufrimiento que supone para las personas trans pasar por todo este proceso», resume Aventín, que lleva casi una década a la cabeza de asociaciones de familias de menores trans. La activista recuerda que, en el fondo, «debatir sobre los derechos trans» también genera mucho dolor en el colectivo: «A veces da miedo ver la violencia y el odio que se vierte en redes sociales y medios de comunicación sobre las personas trans. Negar su realidad y sus derechos es una forma horrible de violencia», concluye.

Todas las activistas interpeladas por este diario coinciden en que, aunque la aprobación de una ley no borrará todos los problemas del colectivo de un día para otro, sí que supondrá un paso adelante en materia de derechos humanos. «El día que se aprobó el matrimonio igualitario celebramos que con tan solo cambiar un trámite en el registro civil se había conquistado un derecho. La aprobación de la ley trans también serviría para garantizar los derechos de todo un colectivo», reflexiona Aventín. «Es la última asignatura para la igualdad«, concluye Cambrollé.