Las claves de la futura ‘Ley trans’: por qué hay posturas enfrentadas dentro del feminismo

• Una parte, minoritaria, reaccionaria y privilegiada, rechaza retirar el requisito del diagnóstico y el tratamiento para cambiar el sexo en el registro y niega la infancia trans

• Las personas trans reivindican sus derechos y niegan los «bulos» que se vierten para deslegitimar la futura ley

Fuente (muy editada): rtve | Rocío Gil Grande | 19.11.2020 (consideramos muy irresponsable dar la misma validez a los discursos de odio que a los discursos en favor de los Derechos Humanos)

Ni siquiera hay un texto definitivo, pero la ley que está preparando el Gobierno de coalición para proteger los derechos de las personas trans lleva semanas levantando críticas, especialmente, entre una parte del sector feminista que niega o cuestiona la identidad sexual. Dos son las claves de la futura norma que suscitan cierta polémica: la despatologización de las personas trans y que las personas menores de edad puedan cambiar de sexo en el registro. Las personas trans defienden que estas cuestiones son Derechos Humanos, como ha dejado fuera de dudas la ONU y la Unión Europea, que instan a que los Estados miembros legislen para respetar las identidades trans. Sin embargo, una parte dentro del feminismo considera que la futura ley supone un retroceso en la lucha por la igualdad y puede perjudicar a las personas menores, utilizando los mismos argumentos que la extrema derecha y algunos fundamentalismos religiosos.

La división dentro del feminismo, al estar centrada en mujeres blancas, ricas, cisheterosexuales y bien situadas en puestos de poder, se encuentra especialmente dentro de los partidos del Gobierno de coalición. Así, en julio, el PSOE difundió un documento interno elaborado por la Secretaría de Igualdad que dirige la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, que critica que las leyes que reconocen la autodeterminación de la identidad sexual «desdibujan a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad y los logros del movimiento feminista».

Pero tanto la ministra de Igualdad que está desarrollando la ley, Irene Montero (Podemos), como el propio Ejecutivo que reprobó a las feministas tránsfobas en un comunicado que dio en rueda de prensa su portavoza, María Jesús Montero (PSOE), han defendido que la ley corrige una deuda histórica con las personas trans por la vulneración de sus derechos y ante los elevados índices de discriminación que sufre este colectivo.

El Ministerio de Igualdad abrió el 30 de octubre, y hasta este pasado miércoles, una consulta pública para recibir la opinión de la ciudadanía antes de elaborarlo. Hay unas claves que ha avanzado Irene Montero y que se basan en la proposición de ley que presentó Podemos en 2018. Un texto que surgió del estrecho trabajo durante más de cinco años con la Plataforma Trans, asociaciones y familias. Las claves son las siguientes:

Despatologización de las personas trans

Se espera que la futura ley elimine el requisito, para cambiar de sexo en el Registro Civil, del diagnóstico médico o psicológico de «disforia de género» y el tratamiento hormonal obligatorio por dos años. La ley actual, la 2/2007 de 15 de marzo, supuso un hito al eliminar el requisito de la cirugía genital, pero aún impone un diagnóstico y un tratamiento médico esterilizador.

Las personas trans, la Sexología y todas las organizaciones de Derechos Humanos, defienden que las identidades trans son «inherentes» a la persona y no un «trastorno», y que «son» y no «sienten» o «se hacen» hombre, mujer o persona no binaria, por cambiar su cuerpo o su nombre en el Registro Civil. Sobre el requisito actual del diagnóstico, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, denuncia que se estigmatiza a las personas trans como «enfermas mentales», lo cual es una «violación de su dignidad y es altamente discriminatorio». Además, “¿qué tendrá que ver lo que soy, cómo me siento o me quiera llamar para que tenga que hacer cambios físicos en mi cuerpo?”, prosigue.

La Sociedad Española de Psiquiatría emitió un comunicado el pasado jueves avalando la despatologización de las personas trans, como también han hecho varias organizaciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud eliminó en 2018 la transexualidad como un trastorno y, en 2015, el Consejo de Europa instó en una resolución a los países miembros a desarrollar procedimientos rápidos y basados en la autodeterminación de la identidad sexual para cambiar el nombre y el sexo en los registros. También recomendó eliminar la obligatoriedad de tratamientos médicos o diagnósticos. En España, el derecho a la autodeterminación de la identidad sexual está reconocido en trece leyes autonómicas de nueve comunidades -Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares, Extremadura, Murcia, Aragón, País Vasco y Andalucía.

No todas las personas trans quieren cambiar su cuerpo. “Aquello de que hemos nacido en el cuerpo equivocado es un dogma que nos ha impuesto la sociedad para hacernos sentir inferiores y que queramos someter a nuestros cuerpos a cambios para encajar, cambiándonos desde fuera sin mirar lo que había dentro”, denuncia Cambrollé.

Además, obligarlas a hormonarse durante dos años para que se reconozca su identidad supone una «esterilización de facto», prosigue Cambrollé. Y, aunque la persona quiera hormonarse para desarrollar rasgos que la sociedad impone como representativos de su sexo, la ley actual supone un problema. «Un chico o chica con cinco meses de hormonación, tiene su cuerpo visiblemente cambiado”, pero todavía tiene que esperar año y medio a cambiar su nombre y sexo en el DNI. Cuando un chico trans «ya tiene barba, pelo y voz grave» y es llamado durante un trámite administrativo por el nombre de su DNI, que no corresponde con su identidad, “está siendo expuesto públicamente, vulnerando su intimidad, su honor y su dignidad”: “¿Qué pinta nada un nombre como el de ‘Mari Carmen’ en su documento?”.

Mujeres trans: discriminación por partida doble

Lola Venegas, blanca, licenciada, académica y cisheterosexual, es una de las portavozas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que encabeza la histórica diputada socialista Ángeles Álvarez, blanca, cisheterosexual y de familia rica y bien situada. Lola explica a RTVE.es el rechazo que le produce la futura ley: “Ir al registro y declararme mujer” sin haber pasado un proceso de cambio corporal “no es un derecho”. Cree que los derechos de las personas trans ya están recogidos en la ley de 2007. A su juicio, “ser mujer no es un sentimiento en la mente de un hombre” (ejemplo del principio de la violencia tránsfoba que niega la identidad de las personas trans, compartida por la extrema derecha y los fundamentalismos religiosos), porque entonces «cualquier cosa puede ser considerada mujer», expresión donde la cosificación de las mujeres trans no es casual. Niega que exista la “identidad de género” ya que éste es “una construcción social y cultural” por el que se identifica a las mujeres con los estereotipos sexistas. Claro está que esta mujer no conoce nada sobre Sexología, que es la ciencia que estudia los sexos; si así fuera no haría estas declaraciones.

Además, cree que las mujeres trans «no pueden ser víctimas de las violencias machistas» porque no han crecido con los «estereotipos» asociados a la mujer y, por tanto, no deberían beneficiarse de las ventajas de las leyes de género. Ella considera que las mujeres trans son violadas porque son hombres. También considera que en el entorno de una pareja heterosexual, entre una mujer trans y un hombre, si el hombre la maltrata no la maltrata por ser mujer, sino por ser hombre. Que además la agresión se dé con mayor frecuencia porque las mujeres trans forman parte de un colectivo históricamente vapuleado, como también lo son las trabajadoras sexuales que son maltratadas con más asiduidad, no tiene relevancia para Lola Venegas, que ya decimos que proviene de un entorno privilegiado desde el que cuesta mucho más sentir empatía por las opresiones que sufren desde «la otredad». El temor de estas feministas trans-excluyentes es también que haya hombres que cambien su identidad por la de una mujer para cuestiones como entrar en las cárceles femeninas o para medidas de inserción, aunque en España las leyes ya contemplan desde hace años que las mujeres trans vayan a las cárceles de mujeres, incluso aunque no hayan cambiado su DNI, y no se ha dado ningún caso de hombres cis que se hagan pasar por mujeres para violar a otras presas, ni se ha dado ningún caso de violaciones de mujeres trans hacia mujeres cis. Lo que sí se ha registrado en multitud de ocasiones son las violaciones continuas perpetradas por hombres cis hacia mujeres trans cuando éstas son llevadas a las cárceles de hombres.

Pero Cambrollé reivindica: “Les guste o no, yo soy una mujer». Y en caso de que haya hombres que se intenten aprovechar de ello, «para eso ya se persigue el fraude de ley».

Según la Memoria del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) de 2020, hay 350 casos reportados de personas trans asesinadas, de las cuales el 98% eran mujeres trans, recuerda Cambrollé, quien añade que la discriminación es interseccional: por ser mujeres, por ser trans, por ser racializadas y por ser precarizadas. Según los datos de la Plataforma Trans, más del 80% de las personas trans están excluidas del mercado laboral, de las cuales “el 75% son mujeres”. 

No se exigirá ser mayor de edad

También se prevé que la norma quede redactada de tal forma que las personas menores de edad puedan solicitar el reconocimiento de su identidad sexual en el registro, algo que no contempló inicialmente la ley actual pero que corrigió en 2019 el Tribunal Constitucional. En concreto, la proposición de ley de Podemos establecía que no sería necesario el consentimiento de les progenitores para las personas mayores de 16. En el caso de las menores de esa edad, bastaría une de les progenitores o tutores legales para solicitar el cambio de registro y, en caso de que estuvieran en contra de la voluntad de la persona menor de cambiar sus datos, “será nombrade une defensore judicial, en los términos establecidos en la legislación civil”.

Aunque algunas críticas digan que se permitiría el cambio de nombre y sexo sin consentimiento de les progenitores, esto ni es novedad ni es exactamente así. En 2019, el Tribunal Constitucional falló que las personas menores “con suficiente madurez y que se encuentren en una situación estable de transexualidad» pueden solicitar el cambio de sexo, algo que ya está en vigor y que no establece un límite de edad. Además, el ordenamiento jurídico español ya recoge el “libre desarrollo de su personalidad, conforme a su orientación e identidad sexual”, independientemente de sus progenitores o tutores, y fija que los poderes públicos puedan actuar para garantizar dicho derecho (artículo 11.2.l de la Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio, que modifica la de Protección Jurídica del Menor de 1996). También el Consejo de Europa, en la misma resolución mencionada anteriormente, insta a reconocer el derecho de las personas menores a la autodeterminación de su identidad sexual, independientemente de la edad.

Cambrollé dice que es un bulo limitarse a decir que la infancia podrá cambiar de sexo sin el consentimiento de sus progenitores: “La infancia no se puede hormonar ni cambiar de sexo sola”. “Cuando les progenitores no están de acuerdo, la persona menor no va sola a un juzgado a pedir el cambio de sexo o al centro médico a pedir bloqueadores hormonales, sino que son los servicios sociales quienes lo hacen cuando se enteran de que es trans y será el juzgado el que lo determine, prevaleciendo siempre el derecho al libre desarrollo de la persona menor” que recoge la ley, zanja.

Natalia Aventín fue quien, junto a su hijo Patrick, luchó por esta sentencia del Constitucional en favor de las personas menores como su hijo, que desde los 11 años trató de cambiar su nombre y sexo en el registro civil. Ahora orienta, como activista y presidenta de Euforia-Familias Trans Aliadas, a las familias y al entorno de las personas menores trans para ayudarles creando un entorno favorable de reconocimiento y respeto a su identidad, así como a solventar sus dudas. No hacerlo, o tratar de imponer una identidad que no es la suya a una persona menor, puede incurrir en el maltrato y para eso están “activos los mecanismos de protección de la infancia”.

Lo servicios sociales ya se están haciendo cargo de menores en situaciones en las que no se está respetando este derecho. «Las infancias trans, antes de ser reconocidas y acompañadas con amor por sus familias y su entorno, tenían pesadillas, tics nerviosos, bajo rendimiento escolar, pensamientos suicidas o eran demasiado introvertidas y, solo desde el respeto a su identidad, desde la expresión del amor, han desaparecido esos problemas», asegura la presidenta de la Plataforma Trans.

Según un sondeo elaborado en 2019 por FELGTB, el 58% del alumnado trans español ha sido víctima de acoso escolar y las personas menores trans tienen una tasa de abandono escolar un 17% superior al de la población general de la misma edad. Un estudio publicado en 2018 por la Academia Americana de Pediatría demostró que habían intentado suicidarse en EE.UU. el 50,8% de chicos trans, el 41,8% de adolescentes no binaries y el 29,9% de las chicas trans. Según cifras de la Plataforma Trans, el 83% de las personas menores trans en España piensan en el suicidio y un 40% llega a intentar quitarse la vida.

Las personas menores tienen derecho a recibir de la Sanidad pública un tratamiento para bloquear, una vez llegada a la pubertad, su desarrollo físico y a iniciar un tratamiento a hormonal cruzado después para cambiar su cuerpo, si así lo desean, para adquirir las características sexuales que necesiten.

Sin embargo, Venegas niega que exista la “infancia trans”, aunque cree que “un pequeño porcentaje” de la infancia sufre “disforia de género”. Menciona para ello un informe de la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género de Málaga, del que se desprende que solo el 15% de niñes con disforia de género es en realidad trans. Sin embargo, esta unidad ha sido denunciada en numerosas ocasiones por maltrato psicológico y tránsfobo hacia las personas trans. Y, del mismo modo, los estudios a los que se refiere esta unidad provienen de Ken Zucker, médico canadiense acusado y condenado por utilizar terapias de conversión con personas homosexuales y trans. Lola Venegas asegura además que “muches activistas están convenciendo por internet a las niñas de que, si no les gustan los estereotipos machistas, es que son niños y no niñas, y es una barbaridad”, sin entender la diferencia entre estereotipos de género e identidad sexual. Cree también que algunas de las infancias que dicen ser del «género opuesto a su sexo biológico» son en realidad “gays o lesbianas”, porque entiende que las familias desean para su descendencia una mayor discriminación y un futuro más incierto, cuando las personas homosexuales son más aceptadas socialmente que las personas trans. Por último, denuncia que impulsar a los tratamientos de bloqueo de desarrollo en menores y de hormonación conduce “de forma irresponsable y criminal a que la infancia empiece un camino irreversible que les va a condicionar toda la vida”, como si los cambios hormonales propios no condicionaran la vida de las personas trans. Priorizar la salud de las personas cis ante la salud de las personas trans es cisexismo. Considerar que las personas menores no tienen voz es adultocentrismo. Los ejes de privilegio y opresión son innumerables, y perderlos de vista lleva a perpetuar el sistema patriarcal que presuntamente quieren derribar.

“La primera paliza que me dio mi padre con cinco años no fue porque era maricón o quisiera ser gay, sino porque me expresaba como una niña», responde Cambrollé: «¿Cómo me van a contar lo que es ser una niña trans las personas que no lo han vivido en sus carnes?”.

Reconocimiento para las personas extranjeras y no binarias

La futura ley también permitirá, en principio, que las personas extranjeras con residencia legal en España puedan solicitar el cambio de nombre y sexo en su tarjeta de residencia o permiso de trabajo. El único requisito que aparece en el texto que se registró en 2018 es que acrediten la imposibilidad legal de rectificar la mención registral relativa al sexo y/o el cambio de nombre en su país de origen, o ello signifique riesgo para su propia vida, o que el proceso implique una patologización.

Por último, reconocerá con categoría jurídica a las personas no binarias, es decir, aquellas cuya identidad se ubica fuera de los conceptos de hombre y mujer o de masculino y femenino, o fluctúa entre ellos.

El Consejo de Europa también instó en su resolución de 22 de abril de 2015 a los Estados miembros a considerar la inclusión de una tercera opción de sexo en los documentos de identidad de las personas que así lo deseen. El primer país en incorporar en el registro una tercera categoría de sexo fue Australia (2003) y le han ido siguiendo otros como Alemania, Dinamarca, Nepal, Canadá, Pakistán, algunos estados de EE.UU., Reino Unido y Nueva Zelanda.

La Plataforma Trans denuncia, por último, que las personas trans están siendo «acosadas» con «discursos de odio brutales» y, compara la reacción de algunos sectores a la que hubo con otras leyes novedosas como la del divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario: «El avance de los derechos siempre ha despertado el furor de quien tiene los privilegios».