Una ley para vivir: la experiencia de la ley trans andaluza

• «A pesar de reconocer su existencia a lo largo de la historia y en todo el mundo, las personas trans nunca han sido respetadas como sujeto de derechos»

• «La extensión de derechos solo puede ser beneficiosa para todas, pues una sociedad que avanza en igualdad, avanza en cultura, educación e integración, que es lo más necesario para la plenitud de los derechos en colectivo»

• «En Andalucía la autodeterminación de la identidad sexual no ha generado conflictos administrativos ni jurídicos y no ha generado problemas sociales»

Fuente (editada): cuartopoder | Alba Doblas* | 6 de febrero de 2021

*Alba Doblas, Diputada provincial de IU en Córdoba y ponente de la ley trans en Andalucía

Cuando desde el Grupo Parlamentario de IU Andalucía nos enfrentamos en 2012 a nuestro programa electoral, reconocimos la necesidad de reformar o promulgar varias leyes. Creíamos sincera y fehacientemente que era necesario hacer una reforma en profundidad de las leyes de igualdad y violencia contra las mujeres y que necesitábamos una ley trans en nuestra Comunidad. Sosteníamos, frente a un PSOE inmovilista, que las leyes, aunque fueran avanzadas y pioneras en el reconocimiento de derechos, no estaban funcionando, no representaban ni una garantía frente a las desigualdades, ni una protección efectiva para las víctimas de la violencia. Reconozco que ello se debía también a la necesidad de cambio en la legislación estatal, pero ahí se producía un bucle imposible, pues tampoco podía decirse en voz alta que la Ley de Igualdad de Zapatero era incompleta y frágil, que la de violencia no protegía, y que la de transexualidad era inoperante y claramente marginante. El argumento para no reformar era que habían supuesto grandes “avances”.

Con el espíritu de no quedarnos en los «avances» y conseguir una ley integral efectiva, abordamos la ley de transexualidad. Partíamos de la constatación de la existencia de las personas trans, lo plasmábamos en la exposición de motivos de la ley que, en su momento, quisieron recortarnos y que hoy día me alegra enormemente haber mantenido, porque realmente explica muchos de los puntos de partida para la elaboración de la ley y para sostener su necesidad. A pesar de reconocer su existencia a lo largo de la historia y en todo el mundo, las personas trans nunca han sido respetadas como sujeto de derechos.

Cuando empezamos este debate, sin embargo, no hacíamos este reconocimiento para defendernos del feminismo excluyente, sino para dar a conocer la problemática específica de este colectivo que da miedo, y lo digo porque recuerdo una de las frases más impactantes que me dijo una madre de un niño trans. Su único pensamiento cuando descubrió la transexualidad de su hijo es que preferiría una niña enferma a un niño trans. Cuando le pregunté por qué había reaccionado así me dijo “porque no sabía enfrentarme a esto, porque no sabía cómo actuar y no sabía como defenderlo, porque la enfermedad es inevitable y esto no sé lo que es y da mucho miedo” y cuando al fin comprendió que sí era inevitable, que no se trataba de una elección perversa o pervertida de su hijo, pudo al fin enfrentarse a ello y disfrutarlo como era.

Ese fue nuestro punto de partida. No considerar el cambio como una elección, sino como una consecuencia ineludible del desarrollo de la personalidad. Tuvimos que enfrentarnos a un cambio de paradigma, pues las personas trans no consentían que les dijéramos que habían nacido en un cuerpo equivocado, porque parte de la premisa de la elección. Consideran las personas trans que su conciencia de hombre o mujer no está equivocada en una suerte de acierto o error de elección. Y ello nos llevó a pensar que nuestra conciencia de hombre o mujer no era elegida tampoco. Se correspondía con el sexo asignado al nacer, pero nada más. Por otra parte, esto se parecía mucho al debate de si al persona homosexual nace o se hace, de si lo eliges o lo eres, y la verdad es que, ni entonces, ni ahora, parece muy correcto.

Tampoco en ese momento tuvimos que enfrentarnos al feminismo excluyente. No existieron voces en la izquierda, ni tampoco en el movimiento feminista que nos detuvieran en esta tarea. En la campaña de las municipales de 2015, me entrevisté con Lidia Falcón, que andaba tras la formación del Partido Feminista, y no salió un solo reproche de su boca hacia la labor que había realizado en el Parlamento en este sentido. Había sido un gran logro que se había producido hacía un poco menos de un año, pero curiosamente, no estaba en su agenda. Desde el PSOE no había oposición a la ley trans sino a la posibilidad de no exclusivizar la victoria de promulgarla (compartir el triunfo no era una opción) pero ni las diputadas del Parlamento, ni la propia Presidenta manifestaron en ningún momento que pudiera haber la más mínima confrontación con el movimiento feminista. Podemos revisar hasta la última coma del debate parlamentario y en comisión y no habrá un resquicio de este tipo. Y de hecho la ley contó con la unanimidad de la Cámara.

Dicho esto, ¿por qué hubo tanto retraso y costó tanto su elaboración? Desde el grupo parlamentario de IU supimos identificar desde el primer momento cuáles iban a ser sus problemas. En primer lugar y por orden de importancia, la protección de las personas menores. En segundo lugar, la cartera de servicios sanitarios, y por último, el reconocimiento de la identidad nominal.

En relación a las personas menores no partimos de la incapacidad sino de la personalidad, que es algo que no pueden arrebatarle a nadie. Había que modificar esa protección excesiva y absoluta, en la que ni siquiera se reconocía la capacidad de quien ejerce su tutela, de quienes deben velar por su bienestar por encima del suyo propio. Sin embargo, bajo el prisma del principio del interés superior de la persona menor, que está sobradamente reconocido como uno de los principios generales del derecho, algo tienen que decir. Desde ese reconocimiento del interés superior de la persona menor, sostuvimos la aplicación de los mecanismos legales existentes para garantizar su defensa y para la protección del libre desarrollo de su personalidad. Insisto. Desde los mecanismos EXISTENTES. Y supuso un gran avance, aunque para tenerlo todo haya que esperar a la legislación estatal. Nos remitimos, pues, a la capacidad reconocida a menores para otros ámbitos. Así, dentro de la legislación sanitaria, a la infancia y la adolescencia se le reconoce capacidad para determinados actos médicos (por ejemplo, aumentar tu pecho o hacerte una rinoplastia), o en el ámbito familiar, para opinar sobre el ejercicio de la custodia, o incluso para el matrimonio, decisión transcendental que se deja para los 14 años sin el menor pudor, por no hablar de que a los 12 años se reconoce capacidad para “consentir” una relación sexual, lo que implica que de la violación se pase al abuso o a la nada.

En el ámbito sanitario tuvimos que enfrentarnos a dos problemas. Ninguno relacionado con el borrado de las mujeres. Por un lado, transformación hacia un sistema descentralizado que despatologizara la transexualidad (al igual que el embarazo no es una patología y requiere supervisión médica) y por otro la ampliación de la cartera de servicios.

La atención a la transexualidad se realizaba en ese momento a través de una Unidad especializada de Trastornos de la Identidad de Género (UTIG), modelo que se había generalizado en toda España y que determinaba una lentitud y encarecimiento del proceso muy notable. El colectivo trans había denunciado en reiteradas ocasiones la crudeza de los tests y el trato que se daba, así como la larguísima lista de espera para la autorización del tratamiento hormonal (que no olvidemos, es condición ineludible aún para la aplicación de la legislación estatal en el cambio de sexo registral) elementos todos ellos que difícilmente podían sostenerse desde parámetros mínimamente éticos o desde el plano de los derechos humanos. No tenía sentido su mantenimiento y era mucho más eficaz y económico (para la administración y para las personas trans) la atención desde los servicios generales de cada especialidad

Por lo que se refiere a la cartera de servicios, la descentralización ayudaba mucho, pero no todo se cubría, y lo que más preocupaba al movimiento, precisamente, no era la cirugía, sino elementos mucho más asequibles y ahí contamos con el PP que tenía que aparecer como conseguidor de algo (no por rédito electoral, sino porque la ley tenía que tener aportaciones de todos los grupos y ser un logro común). Las enmiendas fueron en tal sentido y ayudaron a redondear mínimamente dicha cartera consiguiendo algunas inclusiones menores.

Finalmente, el tercer aspecto problemático era la identidad nominal en las relaciones con la Junta de Andalucía. La famosa identidad sexual voluntaria, que en ese momento no soliviantó a nadie ni, todo sea dicho, ha generado ningún problema o borrado de ningún sexo. Este era un tema, nuevamente, muy relacionado con las persona menores. De hecho eran las asociaciones de familias de menores trans las que más beligerantes se mostraron. A fin de cuentas las personas trans adultas tenían su principal problema en la ley estatal, a efectos de identidad, pero para la infancia trans era importante que en la escuela no existiera esa marginación. Ahí sacó el PSOE todos sus miedos frente a los gabinetes jurídicos del Gobierno. La cuestión era que, según las leyes vigentes, la identificación a efectos de una comunidad autónoma tenía difícil cabida, pero de eso se trataba, de modificar las leyes vigentes para adaptarlas a la realidad. Recuerdo no obstante, las carcajadas de la diputada del PSOE que me acompañó en el proceso, Soledad Pérez, cuando al decirme “eso no se puede” le contesté “somos poder legislativo querida, hacemos lo que nos da la gana como la reina de España”, y me dio la razón.

Una vez aprobada la ley, el problema vino con el Gobierno de Rajoy y debemos agradecer en ese sentido la labor de Esperanza Oña (PP) que se mantuvo firme y dio la batalla en Madrid en defensa de lo aprobado en Andalucía que acabó con la amenaza de recurso gubernamental. En eso se tradujo el consenso y, por supuesto, la movilización en la calle encabezada por ATA y su Presidenta Mar Cambrollé. Porque posible era, constitucional era, y afortunadamente, incontestado era y fue.

La pregunta es ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Las razones de la oposición siguen siendo las mismas. Miedo. Miedo al cambio y miedo a que otras personas protagonicen las páginas de la historia que no supieron escribir los “avances” en la gran conquista de la igualdad. Miedo a que otras personas alcancen los mismos derechos que tanto nos costaron en la falsa idea de que si nuestro “privilegio” (y me niego a que la situación de las mujeres pueda considerarse como tal) se extiende, dejaría de ser tal, y supongo que miedo al reparto de lo que, ya de por sí, son migajas. Sin embargo estoy convencida de que la extensión de derechos solo puede ser beneficiosa para todas, pues una sociedad que avanza en igualdad, avanza en cultura, educación e integración, que es lo más necesario para la plenitud de los derechos en colectivo, sin diferenciar individualidades.

A partir de la promulgación de la ley, nos quedaba el arduo trabajo de conseguir su efectiva aplicación, que no quedara en el reconocimiento “formal”, que era la queja que teníamos con las leyes de igualdad y violencia.

Como la ley garantizaba la participación de las personas y colectivos trans en todo el proceso de aplicación y adaptación normativa, habíamos dejado los mimbres para el desarrollo de la misma de un modo participado. Ya había comenzado todo el proceso del protocolo educativo y ahora comenzaba el trascendental impulso sanitario.

Los protocolos se manifestaron entonces como un instrumento adecuado para la correcta ejecutividad de la ley, al permitir aunar procedimientos y resolver dudas para les profesionales de cualquier ámbito.

En el caso de menores la cuestión fue trascendental. Y digo esto porque en definitiva lo que tratamos de solucionar es evitar sufrimiento a uno de los sectores más vulnerables de la población: la infancia.

No podemos negar que hay un interés SOCIAL (no solo parental) para evitar el sufrimiento de menores. Y en el caso de la transexualidad no podemos tampoco obviar que hay un sufrimiento indescriptible. Si a una persona adulta le resulta difícil, complejo y, a veces insuperable afrontar que tu cabeza dice que eres una persona distinta de lo que la sociedad dice que eres, la niñez se encuentra absolutamente indefensa, sin recursos, para defender quiénes son. No tienen ni el saber, ni la experiencia necesarias para discutir, rebatir o rebelarse frente a la imposición social. Pero tenemos una cosa clara. Las personas menores nunca mienten. No lo hacen en el caso de los abusos y tampoco cuando su cabeza les dice que son un niño o una niña [o une niñe]. Podremos reprimir, castigar y hacer que se acomoden a la situación, al igual que ocurre con los abusos. Podemos llegar a convencerles de que eso no está bien y que es mejor que no lo manifiesten y seguirá estando ahí. No van a entender nada de borrados, ni de teorías, la transexualidad existe y en la mayoría de los casos se manifiesta desde la infancia. Quizás es el ámbito de la minoría de edad donde más claro se ve cuál es la realidad a la que nos enfrentamos.

El desarrollo del protocolo educativo fue más fácil por una comunidad educativa que sabía día a día a lo que se enfrentaba. Un profesorado acostumbrado a detectar sufrimientos y corregirlos, a demandar recursos de orientación y a tratar con los supuestos de acoso. Ya en el proceso de elaboración de la ley, durante el periodo de comparecencias, observamos la enorme diferencia de situación que se daba, dependiendo de la marginación sufrida. Si las personas adultas trans venían de una vida en los márgenes, de la violencia y el acoso en su totalidad, la inmensa mayoría obligadas a dejar los estudios muy pronto, las jóvenes presentaban perfiles distintos cuando habían podido continuar sus estudios con normalidad, con currículums adaptados al mercado laboral y con apoyo familiar. Ese es el futuro que persigue y puede conseguir esta ley.

La ley ya parte de soluciones inmediatas que han sido de mucha ayuda. Me refiero a todo el problema de la documentación. Cuando elaborábamos la ley nos dábamos de bruces una y otra vez con el registro civil y la competencia estatal que supone. Pero hay todo un proceso documental tras las matrículas universitarias y escolares o la tarjeta sanitaria. Planteamos la necesidad de que se asociaran tales documentos a un DNI sin necesidad de usar la nomenclatura del mismo. Es importantísimo para un niño o una niña tener un documento que dice su verdadero nombre. Si es complicado, por utilizar una palabra suave, para las personas adultas tener un DNI con el nombre de Pilar cuando eres un hombre, para une niñe es devastador. Que te llamen Álvaro cuando llevas diciendo que eres Elsa desde el inicio de curso, es absolutamente inhumano. El protocolo educativo constituyó un arma de defensa para menores y una garantía de protección, y la posibilidad del cambio de nombre en la documentación andaluza una conquista sin precedentes para el colectivo.

En el caso de los protocolos sanitarios es más difícil, porque entramos en una actuación médica que no puede ser patologizante en una medicina acostumbrada a tratar patologías, y no a acondicionar mente y cuerpo con la concepción social. Sin embargo, tampoco se han detectado importantes problemas en la aplicación del protocolo sanitario, la visita obligada a la UTIG es ya casi un mal recuerdo, la atención se hace en cada centro de salud u hospital de referencia geográfica y de acuerdo con cada especialidad demandada, lo cual determina mayor economía, eficacia y eficiencia.

Para terminar, considero que actualmente tenemos un ordenamiento andaluz habilitador de derechos, que no ha significado un perjuicio para nadie, que ha posibilitado una protección de menores integral y que se ha desarrollado con normalidad. Que la autodeterminación de la identidad de sexual no ha generado conflictos administrativos ni jurídicos, que no ha generado problemas sociales, sino que los ha mermado y que es un buen ejemplo para el desarrollo de la ley estatal. Tras seis largos años de entrada en vigor, no ha existido un solo conflicto relacionado con el movimiento feminista, con el borrado de mujeres o con violencia ejercida por personas trans. Los únicos conflictos extralegales se han producido con los colegios concertados de carácter religioso y con la desgraciada violencia hacia las personas trans, y para eso estaba la Ley, para aportar soluciones y no conflictos.