No menos que la igualdad

• La apertura de la consulta pública de la ley trans ha desatado la reacción en los medios y redes sociales de voces antiderechos trans

• Es un único discurso homogéneo por parte de una clase privilegiada y bien posicionada que se niega a dejar de considerarnos inferiores

• Cuando las personas trans exigen igualdad, se encuentran con la “vieja” resistencia y con un aparente nuevo frente que se escuda en lo “progre”, la “izquierda” sociológica y el feminismo

Fuente (editada): cuartopoder | Mar Cambrollé | 8 de noviembre de 2020

El anuncio de la apertura de la consulta pública de la ley trans integral y de carácter estatal ha desatado en los últimos días la reacción, en los medios y redes sociales, de voces antiderechos trans con el tema de la ausencia del sujeto político y, por tanto, un único discurso homogéneo por parte de una clase privilegiada y bien posicionada que se niega a dejar de considerarnos inferiores.

Las personas trans son el grupo del colectivo LGTBIQA+ más vulnerable. Las diferentes encuestas, informes y estudios, han dejado esta verdad al descubierto. Si hablamos de exclusión laboral, las cifras pueden superar el 80%. Según un sondeo de septiembre de 2019, de la federación estatal LGTBI, el 58% de las personas trans de entre 16 y 24 años son víctima de transfobia durante su etapa escolar. Esta transfobia se tradujo en forma de insultos (40% de incidencia), acoso (25%), amenazas (22%), ciberviolencia (18%), agresiones físicas (12%) y violencia sexual (9%), hasta el punto de que el 83% de los jóvenes que la sufrieron declaró que su etapa educativa fue menos feliz que la del resto del alumnado.

No son menos las agresiones en redes sociales que de manera impune se ejercen contra las personas trans, traspasando los límites de la libertad de expresión y, de una manera explícitamente clara, llegan a equiparar al colectivo trans con conductas delictivas que humillan, cosifican y estereotipan a las personas trans. La falta de protección legal e intervención de oficio de la fiscalía, y la postura de perfil de las organizaciones políticas, está contribuyendo a “normalizar” que se puede agredir a las personas trans sin consecuencias legales. Peor aún, cuando les activistas recurren a la protección de un Estado de derecho, son de nuevo agredides en nombre de una supuesta “libertad” de expresión, permitiendo que campen a sus anchas los discursos de odio.

Mientras, y como un movimiento resiliente, hemos ganado una gran batalla, un logro histórico: la mirada de la sociedad es trans-positiva. Hemos situado en el debate de la sociedad la vulneración de derechos de las personas trans. Las familias son un movimiento organizado que, por un lado, dan visibilidad a las infancias trans, y por otro son un frente que exigen que sus hijas, hijos e hijes sean protegides contra el acoso y disfruten de los derechos ya reconocidos en la ‘Carta Internacional del Niño’ y en la Constitución.

Estamos en la agenda política. Una ley trans forma parte del acuerdo programático del Gobierno de coalición. Por primera vez en la historia de la democracia, un presidente verbaliza en su discurso de investidura el compromiso de dar tramite a una ley trans que garantice la igualdad plena de las personas trans. Se habla y se reconoce por parte del estamento político que la sociedad y el Estado tienen una deuda histórica con las personas trans.

Un Estado de derecho no lo es si sigue perpetuando la desigualdad de más de 100.000 personas que no se reconocen en el sexo asignado al nacer.

Cuando las personas racializadas, minorías étnicas, mujeres, homosexuales, etc., que han sufrido un trato subhumano, la marginación social, política y cultural, se han organizado para exigir igualdad, han levantado la reacción de quienes desde el privilegio han visto “peligrar” su estatus de colonizadores y opresores, y el control sobre las vidas de quienes han considerado inferiores.

Así las personas blancas vieron peligrar sus derechos cuando la población negra exigió igualdad. Los hombres, cuando las mujeres pidieron igualdad; y las personas heterosexuales, cuando las homosexuales pidieron igualdad.  Los argumentos que han dado fundamento a la negación de derechos han sido siempre los mismos: en nombre de dios, de la ciencia y de la “justicia de los hombres”. Tres ejes sobre los que han legitimado sus opresiones, que siempre han venido de voces de la ultraderecha política y los fundamentalismos religiosos.

Cuando las personas trans, conscientes de que viven en un mundo donde han sido expulsadas a los márgenes de la sociedad, de la cultura, del arte, de la política y de las instituciones, se levantan con dignidad para exigir igualdad, se han encontrado una vez más con la “vieja” resistencia. Y ahora, además, con otro frente aparentemente novedoso que, como caballo de Troya, se escuda en lo “progre”, en la “izquierda” sociológica y, más perverso aún, en nombre del feminismo, ejerciendo la misma violencia con un discurso transodiante que niega la igualdad de las personas trans, recurriendo para ello al bulo y la intoxicación social, al estilo de la más extrema derecha.

Pero esto no dejan de ser los aullidos de viejas manadas lobunas que, desde la caverna, viven ajenas a los estándares internacionales y a una sociedad que ya no tiene la moral nacionalcatólica del franquismo. En al menos 96 Estados miembros de la ONU se permite el reconocimiento legal de la identidad sexual. En otros 25 Estados se permite el reconocimiento legal del sexo sin requisitos prohibitivos. Desde 2018, 9 Estados (o jurisdicciones dentro de ellos) han introducido procesos para el reconocimiento legal de la identidad sexual sin requisitos abusivos: Australia (algunos estados), Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal.

Sin olvidar que en el Estado español ya existen 8 comunidades que legislan sobre los principios de despatologización y la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género.

La ley trans está mas cerca que lejos. Una ley que ya tiene marcada sus líneas rojas en las leyes autonómicas y en las legislaciones europeas. Una ley que no viene a quitar derechos a nadie, ni a ampliarlos. No queremos más, pero tampoco menos, que la igualdad.