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Joan Baldoví, diputado de Compromís, formuló una pregunta escrita al Ejecutivo tras los insultos de dos policías a una mujer trans, en Benidorm, en mayo. El Gobierno sostiene que el sistema sólo recoge “datos estadísticos globales de ataques transfóbicos”, y Baldoví urge a corregir este error.

Fuente (editada): Público | Alejandro López de Miguel | 04/09/2020

El Gobierno no sabe cuántes policías cometen agresiones tránsfobas. El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, formuló una pregunta escrita al Ejecutivo tras los insultos de dos policías a una mujer tran, en Benidorm, en mayo, y la respuesta del Gobierno es clara al respecto.

“Cuando se recoge la información de identidad y orientación sexual”, en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), “no se refleja cuál es la profesión de la persona autora del delito”, reza la respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Público.

En la misma, el Ejecutivo recuerda que “las identificaciones, denuncias o detenciones existentes en materia de delitos de odio en general se hallan incluidas” en el SEC, que recoge “datos estadísticos globales de ataques transfóbicos”.

El diputado Baldoví, por su parte, reclama que los informes tras una agresión homófoba o tránsfoba “ocurrida en un espacio laboral”, reflejen la profesión de la persona agresora. “No es lo mismo que la agresión se produzca, por ejemplo, en una panadería, que en un coche de la Guardia Civil. Ambas ocurren en el espacio laboral, pero en el caso de la Guardia Civil cometen un abuso de autoridad, y quien te debería proteger es quien está cometiendo una agresión”, explica, en declaraciones a este medio.

Así, Baldoví reclama al Ejecutivo que corrija “este error”, para “determinar si este tipo de comportamientos son más frecuentes de lo que pensamos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”.

En concreto, las preguntas versaban sobre si al Ejecutivo le constan “más casos de ataques transfóbicos u otros delitos de odio” cometidos “por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)”, durante el estado de alarma; sobre las medidas que “piensa tomar el Gobierno” para evitar agresiones de este tipo; y relacionadas con la formación “para combatir la LGTBIQ-fobia” que reciben los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, “así como el personal de prisiones”.

Las preguntas en cuestión llevan la firma de Baldoví y de Íñigo Errejón (Más País), y su entrada en el registro de la Cámara Baja está fechada el 4 de mayo -la respuesta, un mes después-. Tres días antes, el 1 de mayo, -en pleno confinamiento-, el vídeo de la agresión verbal de un policía a una mujer trans corrió por las redes sociales.

El agente en cuestión le insultaba desde un coche patrulla con frases como :“De día eres todavía más feo, eres horrible”; “¿Qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar?”, o “¡Que te vayas, cerdo!“.

Su compañero en el vehículo oficial no sólo no impidió la agresión, sino que decidió sugerir que denunciaran a la mujer por no cumplir el confinamiento. Como reza la pregunta, el Consell de la Generalitat Valenciana abrió un procedimiento de investigación interna para descubrir la identidad de ambos policías, y trasladó los hechos a la Fiscalía. El Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm investiga estos hechos, y a finales de mayo aceptó la personación de la Generalitat como acusación.

El Ejecutivo destaca su ley contra la discriminación LGTBI

La respuesta del Ejecutivo, además, presume del “ambicioso” plan de acción de lucha contra los delitos de odio (enero de 2019), con medidas de “concienciación y sensibilización”, que supone “una guía renovada” de Interior para “luchar contra las conductas de odio”. Una de sus pautas es precisamente la formación a las FCSE.

Recuerda que la formación “sobre cómo tratar la LGTBI-fobia”, corresponde a la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio, e incide en que les profesionales de los cuerpos de seguridad, “realizan diferentes formaciones” desde esta Oficina. “Igualmente, se realizan colaboraciones con el tercer sector para realizar estas formaciones”.

En la misma línea, afirma que la “materia” sobre los delitos de odio “se ha incluido tanto en los cursos de acceso a de Policía Nacional y a Guardia Civil, como en los cursos de ascenso a los diferentes empleos”, así como en los temarios de las oposiciones. Menciona que durante el 2019 se realizaron “cursos de formadore de formadores sobre delitos de odio dirigidos a las FCSE”, sin precisar cuántas personas los recibieron.

El Ejecutivo, además, destaca su compromiso “con la lucha contra la violencia ejercida contra personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales”, y recuerda que impulsará “un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad, promoviendo la deseable aprobación de iniciativas legislativas como la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, la Ley Trans y la Ley Contra la Discriminación de las Personas LGTBI”.

“La norma tendrá un carácter integral, estableciendo obligaciones y deberes para los poderes públicos, así como un sistema de infracciones y sanciones que garanticen la efectividad real de la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI”, zanja el texto.

Y toda esta explicación para justificar que seguirán sin contabilizar los delitos de odio que se dan desde los cuerpos de seguridad del Estado. Estaría bien preguntarse el porqué.