Valencia: Educación pide a los colegios rechazar el pin parental sin respuesta escrita

Da instrucciones a las direcciones de centros públicos para que no respondan a escritos de progenitores que pidan información previa para consentir una actividad

Fuente (editada): EL MUNDO | Noa de la Torre | 17 febrero 2020

Tras la polémica generada por Vox en torno al bautizado como pin parental o veto educativo, la Conselleria de Educación ha decidido tomar cartas en el asunto y blindar a los centros públicos -los concertados se quedan en este caso fuera- frente a posibles reclamaciones de progenitores en este sentido.

Desde la Administración educativa se admite que a día de hoy ninguna familia ha solicitado el pin parental en la Comunidad Valenciana. Aun así, y para que los centros tengan claro cómo actuar, se ha remitido una carta a todas las direcciones en la que se les insta a no responder directamente a una petición de este tipo que, por otro lado, es ilegal, según el escrito.

Firmada por el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, la misiva recuerda que el pin parental «vulnera el derecho fundamental de la infancia a ser educada, además de vulnerar tratados internacionales firmados por el Estado español como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Derechos de la Infancia».

La Conselleria insiste en la ilegalidad de una medida de este tipo, pues permitir que las familias puedan pedir información previa para prestar su consentimiento a determinadas actividades formativas supondría en la práctica «reconocer el derecho a una objeción de conciencia encubierta». El departamento que dirige Vicent Marzà -muy empeñado en confrontar políticamente con Vox- se remite incluso a jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En la misma línea, la Conselleria deja claro que «el enfoque de género no es pernicioso, ni tiene efectos negativos, y así lo señala la normativa internacional y estatal». No hay que olvidar que son precisamente los talleres sobre igualdad los que están en el punto de mira de Vox, que denuncia un supuesto adoctrinamiento en ideología de género.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, y el secretario autonómico, Miguel Soler, durante una charla. JOSÉ CUÉLLAR

Por ello, en la carta se hace referencia a los reales decretos que establecen los currículums básicos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, y que fijan como objetivos «la concienciación a favor de la igualdad efectiva entre géneros y la lucha contra la violencia de género». La Conselleria también menciona los «protocolos de atención educativa a la identidad sexual», que no suponen «ningún adoctrinamiento lesivo a los derechos fundamentales». Es más, insiste la carta, «se trata de cuestiones que no tienen ninguna posición diferente de la que ya tiene el ordenamiento jurídico, y que descansan en los valores fundamentales derivados de la Constitución».

Así que en contra del criterio del partido de Santiago Abascal, «el derecho de las familias a decidir sobre la educación religiosa y moral de su descendencia no puede, en ningún caso, desvirtuar el deber del Estado de garantizar una educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia».

En la Comunidad Valenciana, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa) ya ha pedido formalmente que se informe previamente a las familias para que autoricen talleres según sus «convicciones». De momento, a la Conselleria no le constan peticiones individuales, pero si se diese el caso, la instrucción a los centros es que la dirección «no se pronunciará por escrito al respecto». «Simplemente se comunicará a las personas autoras de estos escritos que se ha dado traslado de los mismos a la Dirección Territorial de Educación correspondiente».

De hecho, serán las direcciones territoriales las encargadas de responder a las familias. Según explicaron fuentes de la Conselleria, lo que se persigue con este mecanismo es «proteger la tarea pedagógica de todo el profesorado valenciano». «De este modo, si hay algún intento de restringir actividades didácticas al alumnado y restar el derecho a la educación, los equipos directivos informarán sobre los posibles casos o peticiones en concreto a cada una de las direcciones territoriales de Educación», según las mismas fuentes.