Denunciado ante la Fiscalía de delitos de odio el caso de Daniela, mujer trans enterrada con su necrónimo

La Generalitat Valenciana responde a la denuncia de Euforia Familias Trans Aliadas y se desentiende de emprender acciones. La asociación recurrirá este pronunciamiento mientras busca otras vías para reparar el honor de Daniela.

Fuente (editada): EL SALTO | Patricia Reguero Ríos | 9 NOV 2023

La asociación Euforia Familias Trans-Aliadas ha denunciado ante la sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Alicante el caso de Daniela, una mujer trans que ha sido enterrada en un municipio de esta provincia con su necrónimo —su nombre anterior a la transición—, un nombre con el que ya no se identificaba y que ella había modificado en el Registro Civil.

Euforia Familias Trans Aliadas acude a esta instancia después de haber denunciado ante la Dirección General de Igualdad de la Comunitat Valenciana en junio de 2023 y haber recibido un escrito de respuesta con fecha del 30 de octubre en el que la Generalitat se desentiende de toda responsabilidad e insta a pedir responsabilidades, si corresponde, al Ayuntamiento correspondiente.

La denuncia promovida por esta asociación, presentada gracias al impulso de las amigas de Daniela, también conocida como Kendall, entiende que se ha vulnerado su derecho al honor por utilizar su deadname en el cementerio de Aspe, donde fue enterrada tras su muerte en abril de 2022. La vulneración procede también del uso de una imagen en el lugar donde descansan sus restos previa a la transición, y que no se corresponde en absoluto con la imagen de Daniela en los últimos años.

Posible infracción de tres leyes

El escrito de denuncia explicita que se estarían infringiendo tres leyes. En primer lugar, se infringiría la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de LGTBI, es decir, la ley LGTBI autonómica, ya que la comunidad valenciana es una de la docena de autonomías que cuenta con legislación LGTB propia.

Este texto establece como infracción grave “la realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de identidad o expresión de género” así como “realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar”.

En segundo lugar se infringiría la la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como Ley Zerolo, que reconoce el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razón de orientación, identidad sexual o expresión de género, entre otras causas. Esta ley entiende como infracción grave los actos u omisiones que constituyan discriminación y, argumenta el escrito, los hechos que presenta sobre Daniela son discriminatorios en el sentido de que se la trata de manera menos favorable a otras en situación análoga.

En tercer lugar, el escrito entiende que se infringiría la Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de enterramientos en cementerios municipales, que impone una obligación antidiscriminatoria a las corporaciones locales: “Los Ayuntamientos están obligados a que los enterramientos que se efectúen en sus cementerios se realicen sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualesquiera otras”. El escrito hace alusión a la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la Ley Trans estatal, que remite a las leyes autonómicas cuando se trata de valorar posibles infracciones.

La respuesta de la Generalitat

La denuncia fue presentada en junio de 2023 ante la Dirección General de Igualdad, antes de la conformación del gobierno de PP y Vox en la Comunitat Valenciana que supuso una reestructuración de las consejerías, quedando Igualdad bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia Segunda y Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que ostenta las competencias de Igualdad.

Es la dirección general de Diversidad de esta conselleria la que firma el escrito de respuesta a la denuncia de Euforia Familias Trans Aliadas. En el escrito, esta dirección no reconoce ninguna responsabilidad en el asunto y apunta a la administración local: “El Ayuntamiento de Aspe, es el responsable del Cementerio Municipal de Aspe y es el órgano competente para ello y por ello es quien debe tomar las medidas oportunas para ello”.

La dirección de Diversidad considera que es el Ayuntamiento quien debe actuar por tener asignadas las competencias en el ámbito de los cementerios municipales “y por lo tanto no procede iniciar ningún procedimiento sancionador en esta materia”.

La respuesta no hace ninguna referencia a la posible infracción de la Ley Zerolo y, sorprendentemente, tampoco hace alusión a la ley autonómica, de cuyo cumplimiento es directamente responsable.

Quién defiende el honor de Daniela

El caso pone de manifiesto cómo, pese a que existe normativa en derechos de las personas trans, quedan huecos jurídicos a los que el sistema no da respuesta. Y es que, como explicaba el abogado Saúl Castro hace unas semanas a El Salto, en la Ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que sería el camino más directo para solicitar por la vía civil la reparación del derecho al honor de Daniela, las únicas personas legitimadas para hacer esa solicitud son “el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada”. Es decir, se da el “absurdo jurídico” de las únicas persona legitimadas para solicitar la reparación del honor de Daniela son, en este caso, quienes la han vulnerado, explicaba Castro a El Salto.

El abogado ha explicado que, además de la interposición de denuncia a la Fiscalía de Alicante, Euforia Familias Trans Aliadas explorará emprenderá otras acciones para intentar reparar el honor de Daniela. Así, tienen previsto por un lado interponer un escrito para recurrir la respuesta de la dirección de Diversidad y, por otra parte, dirigirse al Ayuntamiento para pedir que actúe en el ámbito de sus competencias.