Un juzgado de Alicante abre un proceso penal contra el padre y la madre de una chica trans, que se suicidó con 21 años, por enterrarla con la imagen y nombre previos a su transición
Fuente (editada): EL PAÍS | Pablo León | 10 SEP 2026
Daniela M.S. se suicidó en 2022, cuando tenía 21 años. A pesar de que esta chica trans había realizado el cambio registral un año antes, sus progenitores la enterraron en el panteón familiar con su deadname (necrónimo o nombre previo a la transición) y con fotos de ella antes de transicionar. “Se trata de una vulneración de la memoria de Daniela mediante actos humillantes de menosprecio y descrédito de su identidad”, resume el abogado Saúl Castro, que interpuso una denuncia en representación de la organización Euforia, familias trans-aliadas. Tras un periplo judicial, y la intervención de la Fiscalía de delitos de odio de Alicante, ahora la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda ha abierto un proceso penal ante la comisión de un posible delito de odio. “La dignidad persiste a la muerte”, argumenta Castro.
La lucha de Daniela por ser aceptada por su familia comenzó muchos años antes de morir. Nacida en el año 2000 en Santiago de Chile, fue adoptada por una pareja española, de Santander, cuando ella tenía dos años. “Fue educada en el seno de una familia ultraconservadora perteneciente al Camino Neocatecumenal [secta católica conocida como los kikos]”, según explica Alana, una amiga muy cercana de Daniela, con la que compartió piso.
Con solo 10 años, Daniela ya percibió que podía formar parte del colectivo LGTBIQA+. Lo comentó con su familia y sus progenitores decidieron recurrir a un centro psiquiátrico “para que recuperara los valores cristianos con los que la habían criado”, recoge la denuncia. Allí fue sometida a tratamiento farmacológico y psicológico.
Un par de años después, entre 2013 y 2014, Daniela comenzó a identificarse como una chica trans. La respuesta de su familia fue internar a la adolescente “durante varios meses en el Convento de las Carmelitas Descalzas de San José de Ruiloba (Cantabria), con la finalidad de reparar su masculinidad y sus heridas emocionales para volver a ser un hombre cisheterosexual”, detalla la denuncia. “Fue víctima de falsas terapias de conversión, de torturas”, incide el abogado Castro, que además ejerce de presidente de No es terapia, organización que también se ha implicado en el caso de la chica.
Antes de cumplir los 16 años, Daniela tuvo una crisis psiquiátrica que la llevó al hospital. Allí le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad. Un año después, en 2017, fue derivada al centro de salud sexual de La Cagiga, recurso del servicio cántabro de salud especializado en la atención de personas trans. Después de recibir tratamientos de reafirmación de género (hormonación, atención psicológica…), la joven recuperó cierto bienestar psicológico. Sin embargo, empeoró la relación con sus progenitores, que, tras la intervención de servicios sociales, acabaron perdiendo la tutela de la chica.
Su padre, con quien mantenía cierto contacto telefónico, le decía que las puertas de su hogar permanecían abiertas, siempre que volviera comprometida “a vivir como un hombre”, detallan sus amistades, que también han colaborado en la denuncia.
Al cumplir los 18 años, Daniela se trasladó a Madrid. En 2019, tras un intento de suicidio posterior a una situación de acoso que sufrió en redes, ingresó en un piso tutelado. Su vida mejoró un poco e inició una formación en estética. En 2020 logró la independencia y comenzó a compartir piso con Alana. Entonces, se matriculó en las pruebas de acceso para realizar un grado medio y comenzó a trabajar en un bar. Sin embargo, ese trabajo le duró poco: cuando se visibilizó como mujer trans, fue despedida. Ese rechazo agravó, de nuevo, su salud mental y la llevó a encerrarse en sí misma, a aislarse.
Después de otro intento de suicidio, en abril de 2022 contactó con sus progenitores: buscaba ayuda. Se citó con elles el día 16 en Santander, pero elles nunca aparecieron. Al día siguiente, Daniela se quitó la vida. Tras su muerte, sus progenitores ―herederes legales de Daniela― decidieron enterrarla en el cementerio municipal de Aspe (Valencia), donde la familia materna tiene un panteón familiar. Lo hicieron con su necrónimo, en masculino, y con fotos de ella previas a su transición.
Una lucha por la memoria
Al enterarse de esto, Alana consideró que debía hacer algo en memoria de su amiga. Como Daniela había hecho la transición mientras vivían juntas, en su habitación permanecía una copia de la rectificación registral, lo que constataba el cambio legal de su nombre. Con este documento contactó con Euforia. “Interpusimos una denuncia ante la Generalitat Valenciana contra el Ayuntamiento de Aspe, donde está enterrada Daniela, y contra les progenitores por haber vulnerado la ley valenciana de protección de las personas trans, de 2018; la Ley Zerolo, de 2022; y a la normativa de enterramientos”, explica el abogado Saúl Castro. No apelaron a la Ley trans, de 2023, porque en el momento de los hechos aún no estaba en vigor. La Generalitat, aduciendo que carecían de competencias, se negó a tramitar la denuncia, incluso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia le instara a ello después de un recurso de les demandantes.
Ante el callejón sin salida de la vía administrativa ―“el Gobierno valenciano no mostró ningún interés en proteger a las personas trans”, lamenta Castro―, acudieron tanto a la vía civil y como a la penal. “Aunque la víctima ha fallecido, se está produciendo una vulneración de la dignidad, un derecho que subsiste a la muerte, como dice la jurisprudencia del Supremo”, remarca el abogado.
La sección civil y de instrucción del Tribunal de instancia de Novelda solicitó a la Fiscalía de delitos de odio de Alicante asesoramiento sobre la admisión de la denuncia presentada. La Fiscalía observó indicios de delito y se mostró a favor de abrir una causa penal. Además de argumentar que les progenitores de Daniela ignoraron el nombre legal de la chica, al haber inscrito su necrónimo, en masculino, y haber utilizado fotos previas a la transición en un cementerio; consideran que la decisión de les progenitores trasciende la esfera privada, lo que puede suponer una “voluntad innegable de humillación”.
Para el máximo responsable de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, “los insultos homófobos, tránsfobos, racistas o xenófobos que se hacen con un componente de humillación, no afectan solamente al derecho al honor, sino que afectan a la dignidad de la persona, por tanto, es un delito (según el artículo 510 del Código Penal)”. “Además, de una forma difusa, colateral, está generando miedo, inseguridad y zozobra en todas las personas del colectivo atacado; los delitos de odio tienen una proyección colectiva”, detallaba en una entrevista con EL PAÍS.
El abogado que defiende la memoria de Daniela celebra que “desde las instituciones se tenga una visión tan integral de la violencia discriminatoria”. “Tristemente, no es algo común”, matiza Castro. Además, considera que este caso ―el primero que investiga un daño post mortem de la dignidad de una persona trans― puede marcar un precedente importantísimo para la protección de la memoria de estas: “Digan lo que digan sus familiares o herederes, las personas trans han de ser enterradas y recordadas respetando la identidad que vivieron en vida”.
El teléfono 028 atiende a las víctimas de lgtbifobia las 24 horas del día, todos los días del año. También conocido como teléfono Arcoíris, es un servicio de información y atención a víctimas de delitos de odio y de discriminación anónimo, gratuito, confidencial y accesible. Además, se puede contactar por correo electrónico (028-online@igualdad.gob.es) o conectar a través de un chat online.