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Fuente (editada): EL SALTO | 15 DIC 2021

No eran aún las 19.30h y ya la Puerta del Sol se veía llena de pancartas, banderas y colores. Las personas reunidas para decir a Vox que los derechos no se tocan se han contado por miles.

Mañana (por hoy), el Pleno de la Asamblea de Madrid votará sobre la toma en consideración de la Proposición de ley integral de igualdad y no discriminación de la Comunidad de Madrid, impulsada por Vox y que, si es aprobada, supondrá la derogación de las conocidas como leyes Trans y LGTBI.

“Ocuparemos las calles las veces que haga falta hasta que quede claro que nuestros derechos no se negocian”, han afirmado en redes sociales desde el colectivo COGAM, uno de los colectivos que han convocado las movilizaciones. Las organizaciones de la Federación Estatal LGTBI+ han impulsado movilizaciones también en otras comunidades autónomas, entre ellas, Galicia, Asturias, Andalucía, Murcia y Castilla y León con el lema “Ni un paso atrás”. “De concretarse los recortes que proponen PP y Vox, estaríamos ante el primer retroceso en derechos LGTBI+ desde 1979, con la derogación parcial de la ley de Peligrosidad Social que encarcelaba a las personas LGTBI+ solo por serlo”, afirman desde la federación, que ha impulsado que la Organización Internacional LGTBI+ envíe una carta a Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso reclamándoles que protejan los derechos de las personas LGTBI.

“Le vamos a decir a la ultraderecha que nos va a tener enfrente y vamos a salir con la misma valentía con la que salimos en el 77 para exigir a un gobierno de la UCD la eliminación de la Ley de peligrosidad social”, resalta Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, en una entrevista para El Salto. “Pero sin eximir la responsabilidad de quien tiene en su mano poder frenar esto y no dejarnos en manos de la ultraderecha. ¿Para cuando vamos a dejar la Ley Trans? ¿Para cuando gobierne, de forma fortuita, de nuevo la ultraderecha?”, añade en relación a la tramitación de la Ley Trans estatal, que lleva seis meses de retraso.

La Proposición de ley integral de igualdad y no discriminación de la Comunidad de Madrid de Vox fue presentada ante la Asamblea de Madrid el 12 de octubre, firmada por la portavoz del partido de ultraderecha en Madrid, Rocío Monasterio, y por el diputado autonómico de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes. Supondría eliminar todo el marco de protección de las personas LGTBI y trans, y también que dejaran de estar prohibidas las terapias de conversión —que desde Naciones Unidas identifican como una forma de tortura o la intervención quirúrgica de bebés intersex. También derogaría el derecho a la autodeterminación de género en los documentos oficiales. Vox, que ocupa 13 de los 136 asientos en la Asamblea de Madrid, necesitará el apoyo del Partido Popular y buena parte de sus 65 diputades para alcanzar la mayoría simple con la que se apruebe la toma en consideración de su proposición de ley. Por lo pronto, el Partido Popular se ha mostrado interesado en modificar las dos leyes que llevan en vigor desde 2016 y ya le ha presentado a Vox una propuesta de reforma de varios de sus artículos, de los que no han trascendido detalles, que no han sido suficientes para Rocío Monasterio. A día de hoy, esperan una segunda propuesta de reforma por parte del partido de Díaz Ayuso. Una reforma que, según alerta Cambrollé, dejaría en papel mojado el contenido de ambas leyes.

Actualmente, Madrid es una de las 13 comunidades autónomas con legislaciones de reconocimiento de derechos y protección de la población LGTBI y/o trans, y ha sido la primera autonomía que llevará al pleno de su parlamento la derogación de este tipo de leyes, a propuesta del partido de extrema derecha Vox. Además, lo hará cuando, cinco años después de la aprobación de estas leyes, aún no se han desarrollado los protocolos que llevan a tierra la mayor parte de derechos que promulgan, según señala Cambrollé.

La Ley trans madrileña se aprobó en 2016 con los votos a favor de Podemos, PSOE y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular, que ya ocupaba el gobierno autonómico con Cristina Cifuentes a la cabeza, y que un año antes había presentado una proposición de ley sobre el mismo tema pero que no contemplaba el derecho a la autodeterminación de género y que fue rechazada por la Asamblea de Madrid. El mismo año se aprobó la Ley LGTBI, esta vez por unanimidad del parlamento autonómico.