Por qué ha ordenado la Fiscalía de Barcelona investigar si Lidia Falcón ha cometido un delito de odio

Las denuncias contra la presidenta del Partido Feminista no señalan sus críticas a la identidad sexual, sino declaraciones en las que relaciona al conjunto de las personas trans con delitos graves. Organizaciones publican un manifiesto por la libertad de expresión y sostienen que las ideas críticas con la leyes trans están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, pero no así las afirmaciones denunciadas.

Fuente (editada): EL SALTO | Patricia Reguero Ríos | 19 OCT 2020

“No es odio defender los derechos de las mujeres y de la infancia. Es nuestro deber como feministas y lo vamos a seguir ejerciendo”. “Seguiremos denunciando la ideología misógina transgenerista”. “¿Por qué odiar a las mujeres nunca es delito?”.

Son algunos de los de los tuits en apoyo a la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón, el pasado 9 de octubre, tras conocerse que la Fiscalía contra los Delitos de Odio de Barcelona había abierto diligencias al apreciar indicios para iniciar una investigación por comentarios y acusaciones que podrían constituir una infracción penal.

La investigación responde a dos denuncias. La primera fue presentada en diciembre de 2019 por Mar Cambrollé, en representación de la Federación Plataforma Trans, y ampliada en octubre de este año. La segunda fue presentada en julio de 2020 por la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a instancias de la asociación de personas trans Generem, y esta segunda denuncia se sumó a las diligencias ya abiertas.

La denuncia que la Plataforma Trans interpuso en diciembre de 2019 hace referencia a dos comunicados del Partido Feminista, partido expulsado de Izquierda Unida por sus posturas sobre las personas trans. En concreto, las afirmaciones a las que alude la denuncia quedan recogidas en un manifiesto hecho público el 4 de diciembre donde se indica que “los homosexuales tienen como un objetivo importante poder alquilar úteros femeninos para producir niños o niñas que quieren conseguir para su propio disfrute como un objeto más que añadir a sus posesiones”.

El 10 de diciembre, este partido publicaba otro comunicado al que también hace referencia esta denuncia. En concreto, señala la aseveración de que la Ley Trans “abre la puerta —y esta es su real intención— a legalizar la trata de mujeres para alquilar los úteros que fabriquen niños comprados por los ‘progenitores no gestantes’ con dinero”.

La ampliación de la denuncia incluye otras declaraciones en el mismo sentido. Por ejemplo, hace referencia a un artículo del diario Público donde Falcón insiste en la idea de que “los homosexuales quieren poder alquilar úteros femeninos para producir niños” y mantiene además que “se están instalando baños unisex en los que personajes tortuosos pretenden compartir los váters con las mujeres para observarlas o agredirlas sexualmente”. Este diario prescindió de las colaboraciones de Falcón en junio de 2020, pocos días después de que la columnista publicara en una web de derechas un artículo cargando contra le Ley Trans en el que apoyaba una iniciativa de Hazte Oír.

La denuncia incluye además afirmaciones de un artículo de marzo de 2020 en La Tribuna del País Vasco donde Falcón mantiene “el feminismo está siendo víctima de los ataques indisimulados de la mafia de la prostitución, de los negocios de los vientres de alquiler, de la gran industria de la pornografía, y de las farmacéuticas, clínicas y estéticas que promueve el ‘lobby trans’”, así como un tuit del Partido Feminista enlazando al mismo. El tuit afirma que, durante la manifestación del 8 de marzo en Madrid, “se ha desencadenado la violencia trans contra las feministas abolicionistas”.

Por su parte, la denuncia de la Direcció General d’Igualtat hace referencia a las declaraciones de Falcón en una entrevista publicada en El Español en la que asegura que “los trans están haciendo campaña por la pedofilia desde hace tiempo”. La presidenta del Partido Feminista añade en la misma entrevista que “las organizaciones homosexuales vinieron al Partido Feminista a dar su discurso y vinieron a defender la sexualidad infantil con una perversa deformación de la teoría freudiana”. Estas afirmaciones también quedan recogidas en la denuncia de la Plataforma Trans.

Qué es un delito de odio

El decreto de la Fiscalía pide investigar si estas declaraciones pueden ser constitutivas del delito contra derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, delito recogido en el apartado 510 del Código Penal, que castiga a “quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

La Fiscalía pide información sobre el contexto social en el que se utiliza el discurso de odio denunciado, la capacidad que tiene la persona que emplea el discurso de odio para ejercer influencia, la naturaleza y contundencia del lenguaje empleado y la reiteración. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía Provincial de Madrid, a quien compete la investigación de los hechos, por ser la ciudad de residencia de la denunciada.

Manifiesto por la libertad de expresión

Desde Generem, explican que la denuncia está justificada en tanto que las declaraciones de Falcón atentan contra la dignidad del conjunto de las personas trans. “Defendemos la libertad de expresión, incluso cuando se expresan ideas que nos hacen más difícil nuestra vida”, explica Judith Juanhuix, presidenta de Generem. “Pero las afirmaciones de Falcón no nos señalan por lo que hacemos, sino por lo que somos”, explica para justificar por qué cree que pueden considerarse un delito de odio las expresiones denunciadas.

“Me parece una tontería inmensa decir que la teoría queer borra a las mujeres, pero evidentemente no es delito; el problema es asociar unas personas que ya están absolutamente discriminadas a unos delitos que son gravísimos”, apostilla.

En el Manifiesto a favor de la libertad de expresión y contra los delitos del odio que la Plataforma Trans difundió el 14 de octubre y que firman las 60 organizaciones de la plataforma, las entidades explican que las ideas de Lidia Falcón sobre la identidad sexual y las personas trans están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, pero no así las afirmaciones denunciadas.

Además, creen que existen antecedentes para que la justicia condene a Falcón, como la  sentencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, en 2018, sobre un vídeo colgado en redes sociales, relacionando la homosexualidad con la pederastia. La sentencia, explican, consideró que “establecer una falsa relación entre homosexualidad y pederastia, no tenía otra finalidad que la de humillar a las personas homosexuales, por lo que consideró un delito de odio, desestimando el argumento de la defensa basado en la libertad de expresión”.

La Plataforma cita precedentes europeos como la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2012, en su asunto Vejdeland contra Suecia, que sitúa fuera de la libertad de expresión la distribución de folletos en los que se equiparaba la homosexualidad con una enfermedad o como el origen de la transmisión del VIH en la sociedad.