La lucha por la Ley Trans: PSOE y Podemos dejan de lado al colectivo

Fuente (editada): elNacional.cat | Sara Brull i Ortega | 23 de marzo de 2021

La fricción entre los partidos que forman el gobierno de coalición español, PSOE y Unidas Podemos, deja a otra víctima por el camino: las personas trans. A pesar del abandono por parte del ejecutivo, las activistas han perseverado en su proyecto, y con el apoyo de ERC, Junts, CUP, Compromís, Nueva Canarias y Más País/EQUO, han registrado su proposición de Ley Trans.

Ante el bloqueo perpetrado por las visiones opuestas del feminismo que tienen Podemos y PSOE, las activistas trans fijaron una fecha límite para que el Ministerio de Igualdad presentara el proyecto ley en el cual hacía medio año que trabajaban conjuntamente. Además, el pasado día 10 de marzo, más de 70 activistas y familias de personas trans empezaron una huelga de hambre para denunciar la paralización de la ley, hecho sobre el cual Irene Montero, ministra de Igualdad, se pronunció, trasladando su indignación por el hecho de que «haya personas trans que se vean obligadas a hacer una huelga de hambre para defender sus derechos. La Ley Trans será ley».

El plazo fijado por las activistas se agotó finalmente el pasado lunes sin que Podemos ni PSOE movieran ficha. En declaraciones para elNacional.cat, Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, señala que el borrador presentado es el mismo que Irene Montero avanzó este pasado febrero, con la excepción de cuatro provisiones extras que han añadido.

Cambrollé lamenta que desde que el Ministerio publicó el borrador del anteproyecto de ley «no se haya avanzado ni un centímetro» en los derechos de las personas trans. A pesar de saber que un proyecto ley impulsado por el Ministerio hubiera sido más «garantista», las activistas se muestran optimistas por el hecho de que hayan conseguido desmarcarse del inmovilismo del Gobierno.

¿Por qué es necesaria la Ley Trans?

El acuerdo de coalición PSOE-Podemos contemplaba la creación de tres leyes en el ámbito de la libertad sexual y la protección de los colectivos más vulnerables: la Ley de Igualdad de Trato (o Ley Zerolo) impulsada por el PSOE y registrada a finales de enero, la Ley LGTBI y la ya mencionada Ley Trans.

Esta última tiene como base eliminar los requerimientos impuestos por la actual Ley 3/2007 que regulan el cambio de sexo registral de las personas trans. Hasta la fecha, las personas que quieran modificar el sexo tal como aparece en sus documentos de identificación tienen que cumplir ciertos requisitos: ser mayores de edad, recibir una certificación médica que acredite que la persona solicitante sufre ‘disforia de género’, y haber recibido tratamiento hormonal durante al menos 2 años.

Por lo tanto, según la ley vigente, aquellas personas trans que sean menores de edad o que no deseen ser sometidas a tratamiento hormonal no pueden tener su identidad debidamente reconocida por el Estado. Ante la ley, estas personas no pueden ser vistas como realmente son.

Tal como apunta Cambrollé, esta medida pone en peligro a las personas trans, sobre todo a la infancia y adolescencia, que no pueden disfrutar de la protección que el Estado les tendría que otorgar, a fin de que «puedan desarrollar su personalidad con libertad, libres de sufrir violencia» en su entorno.

Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans / Efe

Los cambios en el borrador

La proposición de Ley Trans registrada en el Parlamento es idéntica al borrador que el Ministerio de Igualdad hizo público, excepto por cuatro puntos.

Primero, la ley otorgaría los mismos derechos de cambio de sexo registral a las personas migrantes que a las nacionales.

En segundo lugar, la proposición plantea incluir una tercera casilla entre las opciones para aquellas personas de género no binario, hecho que se distingue del borrador original, que sólo planteaba poder dejar las casillas en blanco. Según Cambrollé, esta medida «invisibilizaba a las personas no binarias», por lo cual es necesario que haya una tercera opción.

En tercer lugar, la ley prevé que se amplíen los derechos de las personas trans gestantes, para que puedan acceder a la reproducción asistida y a la interrupción del embarazo.

Por último, las redactoras del borrador incluyen una cláusula de reparación contra los daños perpetrados por la violencia institucional a lo largo de la historia. Basándose en las cifras demográficas que apuntan a cómo las personas trans sufren mucho más desproporcionadamente la pobreza, el desempleo y como se les ha dificultado el acceso a la formación y el mundo laboral, abocando a muchas de ellas al trabajo sexual, la proposición de ley prevé un subsidio económico para las personas trans de más de 65 años que puedan acreditar la falta de otros recursos para subsistir.

Las TERF de PSOE (y Podemos)

En un comunicado y un documento argumentativo publicados por el PSOE en junio del 2020, el partido socialista se posicionó claramente en contra de lo que consideran que es la «teoría queer«, que causa «polémica» y «confusión» sobre lo que significa ser mujer. Según este posicionamiento, el partido socialista se alinea con la ideología de aquellas personas que se denominan feministas pero excluyen a las personas trans, alegando que la lucha trans «niega la existencia del sexo biológico» y «difumina la realidad de las mujeres».

Esta corriente, comúnmente conocida como Feministas Radicales Trans-Excluyentes (o TERF por sus siglas en inglés) parece dominar el feminismo en el PSOE, aunque no en su totalidad.

De esta manera, a pesar de manifestar estar de acuerdo con la distinción entre ‘sexo’ y ‘género’ (es decir, el ‘rol social’ impuesto a una persona por su sexo), muchas feministas del grupo socialista creen que la existencia o reconocimiento de las personas trans agrava los estereotipos binarios de género. Las TERF a menudo critican el avance de los derechos de las personas trans, empleando argumentos como que ‘ser mujer implica mucho más que vestirse como una mujer.’

En realidad, este discurso camufla una transfobia muy arraigada en algunas corrientes del feminismo, hecho que perpetúa el odio contra las personas trans y las pone en peligro. De hecho, desde este posicionamiento del PSOE, la Plataforma Trans denuncia el aumento en delitos de odio contra el colectivo, en especial contra las infancias en los colegios, señala Cambrollé.

En el fondo, las TERF no creen que una mujer trans sea una mujer ‘de verdad’, y emprenden un discurso aparentemente feminista para excluirlas de la lucha y demonizarlas. Desgraciadamente, esta corriente adoptada por el PSOE también ha impregnado las leyes que actualmente gobiernan las libertades de las personas trans en el Estado español.

Irónicamente, las TERF creen que ‘ser mujer’ va mucho más allá de la performance (como la apariencia), pero la ley actual sólo reconoce a las personas que se han transformado mediante un tratamiento hormonal y que, por lo tanto, han empezado la transición física hacia el cuerpo ‘femenino’ o ‘masculino’. ¿Si el PSOE quiere luchar contra la cosificación de la mujer, por qué está a favor de reducir la definición de la mujer a sus órganos reproductivos? Esta cuestión abre varios interrogantes ¿una mujer sin pechos, no es una ‘mujer de verdad’? ¿Una mujer con niveles hormonales atípicos, no es una ‘mujer de verdad’?

Un grupo de TERF se manifiesta por el 8-M / Efe

Hay cuestiones todavía más preocupantes con respecto a los derechos de las personas trans. Actualmente, la ley vigente está forzando a las personas que se quieran cambiar de sexo en la documentación a ser efectivamente esterilizadas, ya que el tratamiento hormonal de dos años obligatorio dificulta la reproducción.

En el feminismo, uno de los pilares de la lucha es el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo (una lógica utilizada en la legalización del aborto y la eutanasia, por ejemplo), incluso las TERF creen que el Estado no tendría que intervenir en el cuerpo de las mujeres. ¿Entonces, por qué se tiene que poder negar el derecho a tener descendencia de manera sistemática a algunas personas, sólo por el hecho de ser trans?

Desde la Plataforma, Cambrollé denuncia el maltrato que el colectivo trans ha sufrido por parte del PSOE: «una cosa es disentir, la otra demonizar. 75.000 mujeres trans en el Estado español no podemos ‘borrar’ los 24 millones de mujeres cis (no-trans)». En más, apuntan que los avances en los derechos y libertades conseguidos en el Estado han sido, en la mayoría de casos, gracias al empuje y voto del PSOE, que ha enfrentado las críticas por parte de la población más conservadora y trabajado por el bien común. A pesar de eso, Cambrollé critica que, en este caso, «el viraje del PSOE no es propio de sus señas de identidad».

En cuanto a Unidas Podemos, más de un millar de militantes del partido se posicionaron en contra del borrador de la ley presentado por el Ministerio de Igualdad en un manifiesto publicado el pasado 7 de marzo, en el cual argumentaron que «no ha sido sometido a debate en ningún órgano del partido ni con las bases». Además, estas militantes también parecen adherirse a las TERF del PSOE, empleando el mismo discurso: «no podemos permitir que se ponga en tela de juicio que somos nosotras, las mujeres, quienes constituimos el sujeto político del feminismo». De nuevo, vemos cómo personas que se denominan feministas cuestionan el hecho de que las mujeres trans sean mujeres ‘de verdad’, aludiendo a un debate sobre el sujeto político del feminismo que la Ley Trans en ningún momento disputa.

A pesar de que Unidas Podemos haya manifestado que lucharán para que la Ley Trans registrada sea ley, el grupo morado ha dejado de lado a las personas trans, al menos el apoyo que en su día les habían dado tan abiertamente. Tanto si es para minimizar otro conflicto dentro de la coalición de gobierno como dentro de su propio partido, las personas trans han sido la moneda de cambio, «víctimas de una pelea de la cual no tenemos parte», lamenta Cambrollé.

La solución: la autodeterminación de la identidad sexual

La autodeterminación de la identidad sexual es uno de los pilares centrales de la Ley Trans. Implica que cada persona tenga derecho a registrar legalmente su verdadero sexo, cambiando el que le adjudicaron al nacer sin preguntar. Esta medida fue defendida por la Comisión Europea en el informe publicado en junio del 2020, donde también citan la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo del 2015 y los Principios de Yogyakarta. A juicio de la UE, la autodeterminación de la identidad sexual es la solución más respetuosa con las personas trans y los derechos humanos.

Por lo tanto, la autodeterminación de la identidad sexual es un mecanismo legalmente robusto y reconocido en el mundo, el cual hace más accesible la normalización de las personas trans y protege sus derechos fundamentales como es debido. Actualmente, Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda y Portugal (sólo en Europa) ya aplican este concepto en su sistema legal.