Responsabilidad ciudadana

Fuente (editada): AGENTE PROVOCADOR | Alana Portero (aka «La Gata de Cheshire») | Noviembre 10, 2020

Hace unos días que el trámite de consulta pública, previo a la elaboración de un proyecto normativo consistente en una ley integral trans, está abierto. Como mucho de lo que rodea a la conquista de derechos básicos del colectivo trans, una situación que debería ser una formalidad y un periodo de enriquecimiento y reflexión, acaba siendo un circo que las personas trans vemos desde fuera con cara de interrogación, bastante vergüenza ajena y nula capacidad de agencia.

Las consultas públicas previas a la formalización de textos que acabarán siendo propuestas de ley son garantías democráticas obligatorias por las que toda ley tiene que pasar. Bien usadas, pueden servir para limar aristas a los textos, añadir perspectivas que habían quedado fuera o señalar posibles inconvenientes. Una forma de participación ciudadana en los procesos legislativos que, no siendo perfecta, es bastante interesante.

Desde que el Ministerio de Igualdad anunció su intención de ponerse manos a la obra con la equiparación de derechos, la despatologización y la eliminación de trabas legales de las vidas trans, las posiciones tránsfobas han endurecido las críticas y alimentado las fabulaciones, convirtiendo un lógico debate social y legal, en una charca hedionda y escandalosa que imposibilita cualquier oportunidad de crecimiento y aprendizaje común.

Lo que la ley trans que pretende aprobarse contempla, no son asechanzas tentaculares de poderosos lobbys de la purpurina. Nada tan complicado. No es más que un reconocimiento de derechos básicos que ya existen desde hace años en otros países. Si la ley prospera tal y como está, no habremos hecho más que alcanzar a los que se habían adelantado, una necesaria puesta al día en Derechos Humanos pero nada novedoso, ninguna hecatombe de la perpetuación o abolición del género nos contemplará después del aplauso de las bancadas moderadamente progresistas del congreso. Habremos hecho lo correcto como sociedad y seguiremos adelante en la línea de países como Canadá, Argentina o Portugal, en contraposición a los desastres misóginos que nos llegan desde Hungría o Polonia.

Toda ideación respecto a los peligros de la ley es ajena a las realidades trans, que quede claro. Todas esas historias de cárceles, violencia sexual, borrado e intercambio de identidades para burlar a la justicia, son veredas abiertas por la imaginación de personas cis que llevan mucho tiempo pensando en cómo retorcer la ley y que parecen tener claro cómo aprovecharse de ella.

Fotografía: Elvira Megías / El Salto

La realidad de las personas trans es bastante más sencilla y, esencialmente, anclada a urgencias materiales. Con una burocracia que nos trate por quienes somos (hombres, mujeres y personas no binarias), un acceso al empleo y a la vivienda en igualdad de condiciones y la sustitución de la patologización por una atención médica personalizada para quien la necesite (como la de cualquiera, vaya), tenemos bastante. El resto del debate, es eso, debate, posibilidades, intangibles que pueden o no ser tenidos en cuenta. Si afrontáramos esta consulta pública con madurez y no como si estuviéramos en un mercado de abastos voceando nuestra mercancía por encima de la del vecino, podríamos llegar a conclusiones bastante interesantes e, incluso, proponer soluciones a esos problemas que van surgiendo, en lugar de alimentar una mitología truculenta que no ayuda a nadie.

Yo misma tengo dudas respecto al aterrizaje de las personas no binarias en la legalidad y en cómo puede afectar el sujeto legal no binario en la aplicación de determinadas leyes. No porque dude de la existencia de ese grupo de personas, que son indudablemente parte del colectivo trans y hermanes de lucha, ni porque crea que su reconocimiento va a borrar mi identidad trans binaria; lo que desconozco son los mecanismos legales que seguro existen o están previstos para recibirles como sujetos de ley y me gustaría conocerlos. Mi duda, por legítima que sea, no es excusa para detener una corrección legal histórica, al contrario, debería servir para hacer mejor, más clara y más completa la ley. Plantear dudas y debates es legítimo y enriquecedor. Dejar de legislar excusándose en el fraude de ley es un comportamiento reaccionario inexcusable e impropio de una democracia que aspire a ser universal.

Si se tienen dudas sobre la suplantación de identidad han de plantearse de forma clara y respetuosa en la plaza pública, que es donde las ideas muestran su valía, en contraposición con otras. Pero confundir fantasías y miedos con ideas o tomar hechos puntuales como comportamientos habituales, no solo es trampear la posibilidad del debate, es que nos hace retroceder todo lo andado. Hace unos días se daba a conocer un fraude a la hacienda pública de casi 2000 millones de euros. Aprovechando la puesta en marcha de ERTES para paliar la falta de ingresos por la crisis provocada por el coronavirus, unas personas habían creado empresas falsas y dado de alta a trabajadores inexistentes para acogerse al ERTE correspondiente y cobrar las prestaciones. A nadie se le ocurriría prescindir de una herramienta como estos expedientes reguladores temporales, que han puesto un plato de comida cada día en las mesas de miles de familias durante estos meses, porque un par de desgraciades hayan retorcido el mecanismo en su beneficio.

Si la ley trans sale adelante, es imposible asegurar que no habrá quien trate de usarla de forma espuria, sea un persona trans, cis o mediopensionista Perfeccionemos los mecanismos legales que vigilen que eso no sea así, nadie se opone a ello, pero no privemos de derechos fundamentales a personas que lo único que quieren, que queremos, es una vida digna.

Hasta el día 18 de noviembre está abierto el plazo de participación pública, hablad con personas trans, conoced nuestras realidades, leednos en redes, no nos reduzcáis a un capricho del «sentirse» como dicen quienes jamás han cambiado dos palabras con nosotras. Tenemos mucho que aportar con nuestras experiencias en temas como la socialización o la asimilación de aprendizajes. Nuestras vivencias, que nos obligan al autoanálisis constante y exhaustivo desde muy temprano, podrían ser un tesoro para cualquier proyecto político que pretenda, sin abolir, como mínimo difuminar los contornos de toda categoría que se nos asigna al nacer. No nos veáis como comerciales del género. No tiene nada que ver con quiénes somos. Venimos a este mundo y hacemos lo que podemos con lo que nos sale al encuentro, el sexo incluido. Ni lo escogemos, ni nos autodeterminamos. Desembocamos en él por un camino más largo y doloroso. Lo único que queremos, que necesitamos, es un principio de emancipación, ciertas garantías legales que nos libren de ser vidas comisariadas. Hablad con nosotras y si tenéis algo que aportar, o simplemente os nace el impulso de apoyarnos, escribid al Ministerio de Igualdad, a la dirección que han facilitado. Será muy bonito alcanzar la madurez de edad legal amparadas por el resto de la ciudadanía. Acompañadnos. Sin miedo.