El ‘Nunca Más’ del colectivo trans en Argentina

En abril cinco mujeres trans declararon en un juicio de lesa humanidad en Argentina. Estas voces se sumaron a la de Valeria del Mar Ramírez, la primera persona trans en dar testimonio sobre su experiencia en la última dictadura.

Fuente (editada): EL SALTO | Cecilia Valdez | 12 MAY 2023

El martes 18 de abril de 2023 fue una jornada muy particular en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la ciudad de La Plata. Ese día prestaron testimonio Marcela Viegas, Fabiana Gutiérrez, Paola Alagastino, Analía Velázquez y Julieta González. Sus casos y los de otras dos mujeres trans, fueron incorporados a la causa ‘Brigadas’. Casi todas fueron detenidas en situación de prostitución y sufrieron vejaciones, violaciones y torturas. “Esta es la primera vez que son escuchadas por el Poder Judicial en su carácter de víctimas de la dictadura, y no como acusadas, sospechadas o testigos de delitos”, sostuvo Ana Oberlin, auxiliar fiscal en el juicio.

El juicio ‘Brigadas’, se centra en los secuestros, torturas, vejaciones, partos clandestinos, robo de niños, asesinatos y desapariciones perpetradas por alrededor de veinte genocidas en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno, centros clandestinos del conurbano bonaerense que formaban parte de lo que se conoce como Circuito Camps, que debe su nombre al por entonces jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps, uno de los personajes más siniestros de la dictadura.

Valeria del Mar

En diciembre de 2022, Valeria del Mar Ramírez se convirtió en la primera persona trans en declarar en un juicio de lesa humanidad. Diez años antes, en 2013, se acercó a la Justicia federal de La Plata, para contar lo que había sufrido durante la dictadura en el Pozo de Banfield y se constituyó como querellante en la causa que por entonces investigaba la represión en ese centro clandestino. En su testimonio en la audiencia número 88, Valeria dio detalles de su detención, y de cómo fueron esos 14 días que estuvo detenida a principios de 1977 en el Pozo de Banfield donde fue sometida a todo tipo de vejaciones: “Nosotras éramos bichos raros, por supuesto que un gobierno militar no iba a permitir que anduviéramos en la vía pública”.

Valeria contó que estuvo detenida en un calabozo de dos metros por metro y medio, con un banco de cemento y una lamparita, que la violaron durante los 14 días, que para violarla en grupo la llevaban a otro lugar y que la comida estaba condicionada a sí accedía a realizarle sexo oral a los represores. Además, señaló que nunca tuvo contacto con otros detenidos, excepto una vez cuando salía del baño, que se cruzó con una joven que acababa de parir. Preciso que la “milica” que estaba con ella la obligó a limpiar los restos de su propio parto y que el bebé estaba en brazos de un policía. También dijo que durante su cautiverio no supo nada de Romina, la compañera con la que había sido detenida, y a la que recién vio unos años después justo antes de que falleciera.

Reparación

Uno de los principales reclamos del colectivo travesti-trans es la falta de reparación. “Nosotras no tuvimos ni madres ni abuelas que reclamaran por nuestros cuerpos. Los grupos de derechos humanos todavía tienen una gran deuda con la población trans para poder cumplir una reparación histórica”, sostuvo hace algún tiempo en una entrevista para este mismo medio, Belén Correa.

Correa fue una de las primeras mujeres trans activistas de la Argentina que, junto a Claudia Pía Baudraco, fundó el Archivo de la Memoria Trans. Si bien Correa reconoce la inspiración que resultó para ellas el trabajo de los organismos de derechos humanos en Argentina, también sostiene que están en una primera etapa de un proceso de memoria, verdad y justicia. “Recién estamos empezando a reconstruir la memoria; la verdad la instalamos cuando empezamos a ser escuchadas, y la justicia todavía no la tenemos porque tuvimos una Argentina con una reparación hetero-cis”, añade.

Actualmente, solo quedan menos de 100 personas trans mayores de 65 años capaces de dar testimonio de la época de la dictadura, y no han tenido ningún reconocimiento del Estado como víctimas de un genocidio; el promedio de vida de las personas trans en Argentina no supera los 40 años. “Lo que queremos es que haya una reparación real porque esas personas lucharon, pusieron el cuerpo y se comieron los palos de la policía”, afirmó en ese mismo reportaje Cecilia Estalles, fotógrafa que trabajó junto a Correa para darle visibilidad al archivo.

“Ellas eran la mano esclava en los centros clandestinos, las que lavaban los autos llenos de sangre o hacían el servicio de limpieza, y de eso no se habla. También hacían servicio sexual para los presos o los gendarmes. Las compañeras están en una situación muy crítica y se mueren todo el tiempo, y es sólo por falta de voluntad política. De algunas de ellas pudimos rescatar su memoria, pero quedan muy pocas. La memoria es un privilegio hetero-cis”, dice.

De esto también da cuenta Julieta González, otra de las mujeres trans que dio testimonio hace algunos días. En su relato, Julieta contó que a ella la secuestraron junto a otras dos compañeras y las terminaron llevando a Banfield, allí las metieron en unos calabozos y les advirtieron que no podían subir al primer piso de ninguna manera —donde estaban los presos políticos—. Julieta fue sometida a todo tipo de vejaciones durante los 15 días que duró su cautiverio y antes de declarar volvió a su lugar de detención.

“Nosotras siempre nos movíamos con ellos [los policías], nos sacaban de madrugada para violarnos y ahí, una vez, a través de una puerta, vi a dos milicos y una persona en cuclillas. Estaba envuelta en una tela negra y era muy flaquita. Digo que era una mujer, pero no sé porque en esa época los hombres también usaban el pelo largo. Me acuerdo que giró la cabeza hacia la puerta, y después volvió a agacharla y se quedó como estaba, mirando para la pared”. El Pozo de Banfield funcionaba como un centro de recepción y permanencia transitoria de detenidos, y fue particularmente conocido por ser un lugar en el que se practicó tortura sistemática y violencia sexual. Julieta, al igual que Valeria, relató que un día escuchó el grito de un bebe: “Primero se escuchó el grito de una chica, pero ahí dentro era normal escuchar gritos tanto de hombres como de mujeres, pero esta vez se escuchó gritar dos o tres veces a la chica y después el llanto de un bebé”.

Julieta cuenta que la noche anterior al testimonio del juicio soñó con Judith, que hacía la visita años después al Pozo con ella y que, juntas, empujaban la memoria de esos días. “Me acuerdo que le dije: ‘Te acordás, Judith, que estuvimos acá y que vos tenías 24 años?’. Ella me miraba y se sonreía; debe ser que me está alentando”. Judith, Lita y el ‘Negro’ Claudia Gómez, estuvieron detenidas con Julieta en el Pozo de Banfield, pero ya murieron: “Pobre Negro, estoy segura que hubiera atestiguado. El Estado tiene que reparar ya a todas las mayores de 60 años, muchas de las chicas mueren en la indigencia”. Julieta tiene casi 65 años y aunque es de las que creen que este reconocimiento llega tarde, también es de las que opinan que al menos llegó. “En el juicio yo sentí que representaba a todo ese grupo que estuvo detenido conmigo, recién ahí supe que había otras chicas que habían estado ahí también. Yo me siento, sobre todo, una víctima del sistema, pero la dictadura fue la peor etapa.”

Investigación

En abril de 2022, y por primera vez, en el marco del juicio ‘Brigadas’ y por decisión del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se dictaron procesamientos por crímenes de lesa humanidad relacionados con secuestros, torturas y abusos contra el colectivo travesti-trans durante la dictadura. Una decena de civiles, militares y policías retirados, fueron procesados por violaciones a los derechos humanos. Hasta el momento, la causa que investiga los hechos del Pozo de Banfield contaba con un solo caso de la comunidad travesti-trans, el de Valeria del Mar Ramírez, el primero que llegó a juicio y cuenta con procesamientos. “Lo que sucede aquí sienta precedente no solo en el país sino en la región, ya que se toma un grupo de casos y se considera que el colectivo travesti y trans fue objetivo de la violencia sistemática del terrorismo de Estado”, señaló la fiscal Ana Oberlin al diario Página 12.

Oberlin encabezó un trabajo de búsqueda a través del cual se logró dar con siete de las víctimas que hoy se incluyen en esta causa. A partir de sus relatos, el Juzgado Federal de Kreplak pudo reconstruir las historias de sus detenciones en el centro clandestino de Banfield. En el Pozo de Banfield “se cometieron diversos crímenes que tuvieron por víctimas a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación que, hasta la fecha, no ha sido puesta debidamente de manifiesto en el marco de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar”, detalló Kreplak en uno de los autos de procesamiento que emitió en las causas que investigan los crímenes del juicio ‘Brigadas’. “Tales crímenes no resultan aislados sino que se enmarcan en un contexto de discriminación histórica y estructural, ahondada por las acciones desplegadas durante el terrorismo de Estado”, puntualizó Kreplak en el documento en el que consideró responsables de esos hechos a nueve de los 14 represores procesados por los hechos del Pozo de Banfield. El magistrado consideró que “el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas (…) alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época” de la dictadura.

Otra de las consecuencias más inmediatas del juicio fue el arresto y la prisión preventiva (domiciliaria) de Luis Horacio Castillo, jubilado de la Policía bonaerense que hasta el 30 de marzo pasado vivía libre y en total impunidad. Castillo fue hallado responsable de secuestros, torturas, abuso sexual y apropiación de niños, todos delitos que tuvieron lugar en los centros clandestinos que funcionaron en las ex brigadas de Investigaciones de Banfield y Lanús.

Clase y género

Bajo la consigna 30.400 —que pone en cuestión el emblemático número 30.000—, los colectivos LGTBIQA+, vienen reclamando una revisión del proceso de memoria, verdad y justicia, que reconozca como víctimas a las disidencias. Como advierte Matías Máximo en su libro El Nunca Más de las Locas: “Si bien el circuito contravencional y el de las desapariciones no se cruzaba todo el tiempo, los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) son un documento que prueba persecución específica por motivos sexo genéricos. En las fichas de la DIPPBA se marcaba si las personas eran “homosexuales”, “invertidos”, de “comportamientos amanerados”, “afeminados”, “lesbianas” o “marimachos”, entre otras clasificaciones. Los archivos de la DIPPBA no se limitan a la dictadura —de hecho, muestran que la persecución se inició con anterioridad y, luego, se mantuvo—, pero sientan una prueba de que entre 1976 y 1983 los motivos sexuales convivían con los argumentos políticos para encarcelar.”

El libro de Máximo también hace eje en el ‘Nunca Más’ al señalar que en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) —presentado en septiembre de 1984, con las denuncias y las inspecciones a los centros clandestinos—, llamativamente, no aparecen ni una sola vez las palabras travesti, homosexual, manfloro, puto, gay, lesbiana, tortillera, invertido, o cualquiera de los sinónimos que se usaban por esa época, y se pregunta: “¿Qué pasó con estas identidades y orientaciones sexuales? Es probable que muchas de las desapariciones y arrestos no tuvieran un solo motivo y por eso se hayan invisibilizado”.

El proceso de memoria, verdad y justicia de Argentina está por cumplir 40 años el próximo diciembre, los mismos que la restauración de la democracia. Un proceso que, como tal, se sigue escribiendo. La visibilización y el reconocimiento de las disidencias, como lo manifestó Julieta González, llega tarde, pero llega, a pesar de todas las resistencias y los condicionantes de género, y de clase. Así como la de género es una categoría que determina el acceso a ciertos recursos y no otros, el proceso de memoria, verdad y justicia argentino, también ha dado cuenta de que la reparación de la justicia no ha llegado en igual medida a todos los sectores sociales. Algunas víctimas tuvieron un acceso más rápido a la información y los distintos mecanismos jurídicos de reparación que se pusieron a disposición de la población, sin ir más lejos, para hacer denuncias o cobrar indemnizaciones, y otras, como en el caso de los colectivos LGTBIQA+ y las disidencias, han debido esperar más tiempo, a veces demasiado.