Vista de una bandera arcoíris en una manifestación. / Luca Piergiovanni / EFE
Fuente (editada): EL PERIÓDICO | Júlia Regué | 17 DIC 2025
Catalunya da un paso más para blindar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex con el fin de erradicar la LGBTIfobia. La nueva ley se ha aprobado en el Parlament con una amplia mayoría, ya que fue una iniciativa presentada por el PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, en colaboración con las entidades del colectivo como el Observatori contra l’LGTBIfòbia. El PP y la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana han votado en contra.
La norma deroga la ley anterior, tras 11 años de aplicación, para fortalecer las garantías de igualdad de trato y no discriminación, y con la voluntad de hacer efectivo el derecho a la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género en el ámbito público y privado.
La principal novedad es que incorpora una ampliación del régimen sancionador para acabar con las conductas LGBTIQfóbicas y da más cobertura tanto a las víctimas durante el proceso de denuncia, a la vez que aumenta los supuestos que definen las infracciones. Las sanciones quedan tipificadas según su gravedad y pueden ir de los 300 euros hasta los 500.000 euros.
La norma amplía los pretextos que pueden ser considerados una infracción, como no tratar a una persona «de manera intencionada» de acuerdo con su nombre o el género con el que se identifica o incluir en los negocios jurídicos cláusulas «que causen discriminación por razón de la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género o las características sexuales».
Varias personas con banderas LGTBI durante la manifestación del orgullo LGTBI+. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
A la vez, se prohíben las terapias de «reconversión» y se pone coto a su promoción, al tiempo que se promueve el uso de símbolos LGBTIQA+ en espacios y edificios públicos. Para proteger especialmente a las personas trans e intersex, la ley parte de un enfoque interseccional -también para la protección de las personas migrantes, racializadas y refugiadas- y deja por escrito el deber de las administraciones públicas de crear espacios de memoria democrática del movimiento LGTBIQA+ y de las personas trans, al tiempo que se propone reparar la invisibilización de las lesbianas.
Con esta nueva legislación también se crea la Red de Servicios de Atención Integral para coordinar los servicios de atención integral LGTBIQA+ (SAI) y los puntos de información LGTBIQA+ en todo el territorio catalán y se otorga una mayor dotación de recursos para impulsar políticas públicas.
El PP amenaza con llevar la ley al TC
La CUP, que ya impulsó esta propuesta la legislatura anterior, pero no consiguió aprobarla por el adelanto electoral, ha celebrado que finalmente salga adelante y ha asegurado que es un «orgullo» porque supone «la defensa de los derechos humanos», aunque la diputada Pilar Castillejo ha deslizado que aún hay mucho trabajo por hacer y que se requiere de una mayor inyección de recursos.
«No es una actualización, abrimos una nueva fase», ha celebrado la diputada de ERC y exconsellera de Feminismes, Tània Verge para quien esta ley es una forma de responder a la «ofensiva reaccionaria global». La parlamentaria de Junts, Laura Martínez, ha añadido que esta ley garantiza la libertad y la igualdad de todas las personas «sin excepciones», y que «el Parlament tiene la obligación de estar a la altura cuando estos derechos son vulnerados«, esta vez en sintonía con la diputada de los Comuns, Susanna Segovia, pero quien ha querido apostillar que el Govern debe ahora «dar sentido» a esta ley con más recursos y nuevas políticas. Por parte del PSC, Elena Díaz, ha lamentado que haya personas que deban esconder su amor para evitar ser agredidas y ha aplaudido que la nueva norma sea «robusta» a nivel jurídico.
Por contra, el PP ha amenazado con ir a los tribunales. La diputada de los populares, Bélen Pajares, ha alegado que cree que la ley «borra a las mujeres» al garantizar la libertad de autodeterminación de género -a su juicio, solo es posible distinguir entre hombres y mujeres a través del sexo biológico- por lo que ha amenazado con llevar parte de la nueva legislación al Tribunal Constitucional.
La parlamentaria de la extrema derecha de Vox, Júlia Calvet, también ha cuestionado que una persona pueda decidir su expresión e identidad sexual, y la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha sostenido que el colectivo LGTBIQA+ «tiene los mismos derechos que todos, ni más, ni menos» porque la «orientación sexual forma parte de la vida privada», unas expresiones que la propia ley, precisamente, pretende revertir para que estas personas puedan vivir con la misma libertad, garantías y derechos que el resto.
El colectivo aplaude la iniciativa
Representantes de varias de las entidades del colectivo han expresado su satisfacción por la aprobación de la ley. La vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI de Catalunya, Fina Campàs, ha exhibido su «orgullo» porque se pasa «de proclamar principios a garantizar derechos», y el presidente de la Plataforma LGTBI de Catalunya, Alberto Martín, la ha tachado de «necesaria, valiente y muy ambiciosa» frente a los «discursos de odio». Por su parte, la abogada Laia Serra, ha subrayado que es «la primera ley del Estado» que recoge la «protección a los colectivos y entidades LGTBIQA+», algo que «con los tiempos que vienen tiene mucho valor».