Manifiesto Orgullo 2020 – Confluencia Trans

Históricamente, las personas trans, y más concretamente las mujeres trans, han liderado las protestas sociales que han desembocado en los avances más importantes del colectivo LGTBIQ+.

El 28 J celebramos el Orgullo que conmemora el comienzo del movimiento de liberación del colectivo durante los disturbios de Stonewall, liderado por dos mujeres trans, Marsha P Johnson y Sylvia Rivera.

En la primera marcha de protesta celebrada en Barcelona, en 1977, pidiendo la derogación de la ley franquista de Peligrosidad social, fueron las mujeres trans las que permanecieron en las pancartas aguantando las cargas policiales, a pesar de que en el inicio de la marcha se las quiso invisibilizar por el resto del colectivo.

El colectivo Trans ha visto cómo siempre iba quedando atrás en la consecución de derechos. El 17 de mayo de 1990 la OMS eliminaba la homosexualidad de las enfermedades mentales pero incorporaba la transexualidad en ese mismo listado. Paradójicamente, esa fecha sirve para celebrar El Día Internacional contra la LGTBIfobia, ignorando que a día de hoy la OMS no ha eliminado definitivamente las identidades trans de su catálogo, situándolas como “condiciones relativas a la salud sexual” y llamándolas “incongruencia de género”.

En julio de 2005 se legalizaba el matrimonio igualitario y la adopción para parejas del mismo sexo, mientras las personas trans aún no podían cambiar su identidad de forma legal y seguían siendo tratadas como enfermas mentales. Una vez más las aspiraciones de la “T” quedaban relegadas y borradas bajo la falsa apariencia de un avance colectivo.

Aún pasarían dos años, y con la presión de una huelga de hambre, para conseguir la rectificación del nombre y el sexo de las personas trans en el Registro Civil. Todo esto bajo la Ley 3/2007 que excluye a las personas migrantes, a las personas No Binarias y excluía a las personas menores, hasta que el Tribunal Constitucional dictó un auto declarando inconstitucional esto último. Todo ello bajo la supervisión patologista de la medicina, mediante un diagnóstico psiquiátrico, que históricamente ha sido utilizada para despojar de autonomía y derechos a las personas trans, y ha sido la excusa para la vulneración de sus derechos humanos condicionando el reconocimiento de la identidad a un tratamiento hormonal de mínimo dos años de duración.

Hasta julio de 2014 hubo que esperar para que la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía despatologizara la transexualidad y, por primera vez en España, se reconociera el derecho a la libre autodeterminación del género como un derecho fundamental. Avance conseguido una vez más con la amenaza de huelga de hambre del activismo trans.

En 2017, la organización Hazte Oir lanzaba, impunemente, una campaña publicitaria incitando al odio hacia la infancia trans. En julio de 2019 un grupo de mujeres, entre ellas destacadas representantes del PSOE, organizaron un Congreso en Gijón cuyo objetivo radicaba en ridiculizar y atacar al colectivo trans. Este 9 de junio se filtraba el “panfleto tránsfobico” del PSOE atacando al colectivo, cuestionando sus derechos fundamentales y acusando del borrado del sujeto político “mujer” a las mujeres trans. Nuestro colectivo sufre unos niveles de violencia insoportables, estando expuesto a la exclusión educativa y laboral, al rechazo social, la estigmatización médica y la violencia policial.

Hasta ahora nunca ha habido una voluntad política real de cambiar esta situación y que se tradujera en legislaciones y acciones específicas por parte del Estado.

El hecho de ser un colectivo objeto de tanta violencia ha dificultado la organización, dedicando el grueso de la energía a sobrevivir y defenderse. Desde el año 2013, la aparición de las familias en el activismo trans y la constitución de la Federación de colectivos trans específicos, Plataforma Trans, ha significado un impulso y ha sumado fuerzas para luchar por las reivindicaciones históricas. Por ello, las asociaciones de personas trans y de familias constituimos un grupo compacto como entidad para representar al colectivo trans y sus legítimas aspiraciones, que en la lucha por la consecución de la Ley Trans Estatal hemos construido un espacio común, llamado Confluencia Trans, donde se encuentran las asociaciones específicas de personas trans y de familias.

Hoy gritamos alto y claro que ya no vamos a esperar más, que nuestros derechos fundamentales no se debaten, que la obligación del Gobierno es legislar para cumplir con los tratados internacionales de Derechos Humanos y con los compromisos adquiridos con nuestra comunidad.

Que las violencias específicas que sufre el colectivo trans necesitan de una ley específica.

También gritamos para que no se callen nuestras voces como en otras ocasiones, en las que se difuminaron con logros que no lo eran para las personas trans.

No vamos a permitir que se nos silencie, ni que se usurpe nuestra voz. Las personas trans binarias, no binarias y sus familias, tenemos entidad para representarnos y exigimos el trámite inmediato de la Ley Trans Estatal donde se recojan nuestras reivindicaciones.

La deuda histórica que la sociedad y el Estado tienen con el colectivo trans es ya ampliamente reconocida desde los sectores progresistas y del activismo LGTBIQ+, pero no basta solo con reconocer, es preciso reparar, y esa reparación vendrá de la mano de la Ley Trans Estatal.

Llamamos a la unidad de todo el colectivo LGTBIQ+ y de la sociedad civil organizada para que se solidaricen con el clamor de la comunidad trans y que, en esta ocasión por primera vez, no seamos las ultimas.

Por una Ley Trans Estatal que nos traiga verdad, justicia y reparación.